Presentan nuevo modelo del coche más caro del mundo

La Administración de Donald Trump ha incluido a más de 6 mil migrantes, en su mayoría latinos, en la base de datos de personas fallecidas del Seguro Social, según reveló este viernes el diario The Washington Post.

La medida elimina su acceso a empleos formales, beneficios sociales y trámites migratorios, como parte de una estrategia para forzar su salida del país.

La orden fue emitida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, bajo el argumento de "seguridad nacional", según explicó un funcionario de la Casa Blanca al periódico. Esta política se formalizó en dos memorandos internos firmados esta misma semana, que permiten catalogar a migrantes como fallecidos aunque estén vivos.

Los afectados son principalmente personas que habían ingresado legalmente bajo programas implementados por el expresidente Joe Biden (2021-2025), pero que ahora han perdido su estatus migratorio. También incluye a quienes están registrados en la Seguridad Social pero carecen actualmente de documentación válida.

De acuerdo con The Washington Post, el Gobierno de Trump planea ampliar esta medida a más de 92 mil migrantes que tengan alguna condena penal. "El presidente Trump prometió deportaciones masivas. Al eliminar los incentivos monetarios, animaremos a los migrantes a autodeportarse", señaló Elizabeth Huston, vocera de la Casa Blanca.

Algunas de las personas incluidas en la lista figuran también en la base de datos del FBI sobre vigilancia terrorista, según fuentes del medio. No se han dado detalles sobre los criterios específicos utilizados para esta clasificación.

Funcionarios del Seguro Social han expresado dudas sobre la legalidad de esta práctica. Advirtieron que incluir a personas vivas en el registro de fallecidos podría violar leyes federales de privacidad y poner en riesgo la credibilidad del sistema.

Esta nueva ofensiva migratoria se suma a otras decisiones polémicas del actual Gobierno, como la cancelación de permisos migratorios de la era Biden, la creación de una app para solicitar deportaciones "voluntarias" y el envío de presuntos miembros del crimen organizado a cárceles de máxima seguridad en El Salvador.

La política ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes denuncian que estas acciones aumentan la vulnerabilidad de comunidades migrantes y podrían llevar a separaciones familiares, desempleo forzado y deportaciones arbitrarias.

Héctor Amparano Herrera, titular de Protección Civil Estatal, hizo un llamado urgente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que intervenga en el tema de las invasiones en zonas de alto riesgo, que afectan a miles de familias en Los Cabos y La Paz.

Al menos 45 mil personas residen actualmente en zonas de alto riesgo en San José del Cabo, según advirtió el  titular de Protección Civil Estatal. Además, se reportan unas 6 mil personas viviendo en condiciones similares en el municipio de La Paz.

El funcionario explicó que, a pesar de los esfuerzos realizados para desalojar asentamientos irregulares en áreas peligrosas, el problema persiste y se agrava con el tiempo. "Por cada persona que es retirada, tres más llegan a ocupar el lugar", comentó Amparano, subrayando la magnitud del desafío.

Uno de los casos más recientes se presenta en el arroyo San José, donde desde diciembre pasado se detectó una nueva invasión. Esta zona, considerada de muy alto riesgo, podría albergar alrededor de 5 mil familias. Según informes, un individuo identificado como Julián Hernández, conocido como el "representante de La Colonia", habría vendido lotes en ese lugar por cinco mil pesos, a pesar de que el arroyo no es habitable ni cuenta con certeza jurídica.

Amparano hizo un llamado urgente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que asuma su responsabilidad sobre el territorio, coordinando esfuerzos con las autoridades estatales y federales. "Estamos pidiendo a CONAGUA que actúe y se ponga a trabajar con el tema de invasiones", señaló el titular de Protección Civil.

El crecimiento de estos asentamientos no solo pone en peligro la vida de miles de familias, sino que también resalta la necesidad urgente de una estrategia interinstitucional que prevenga tragedias y frene la ocupación irregular del suelo en las zonas más vulnerables.

"Este es un gran riesgo. Hemos manifestado que hay 45 mil personas en riesgo en San José y en San Lucas. Si siguen permitiendo que haya invasiones todos los días, un día los quitamos y al otro hay tres más. Estamos trabajando con las autoridades correspondientes para judicializar estos temas. Nosotros somos coordinadores dentro del sistema de Protección Civil estatal y colaboramos con las dependencias. En este caso, es obligación de CONAGUA, y debemos pedirles que hagan lo correspondiente." Concluyó.

Del 24 al 27 de abril, el malecón de La Paz, Baja California Sur, será el escenario principal de la etapa macrorregional de voleibol de playa, rumbo a la Olimpiada Nacional 2025.

Más de 200 participantes, entre ellos deportistas, entrenadores, jueces y delegados, llegarán al estado para formar parte de esta importante jornada deportiva.

El evento reunirá a los representantes de los once estados del país que conforman la Macrorregión A: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y, por supuesto, el anfitrión, Baja California Sur, que se reporta listo para recibir a las delegaciones.

Es importante destacar que Baja California Sur participará en las categorías Juvenil  Menor, Juvenil Mayor y Juvenil Superior, en ambas ramas. Las y los atletas competirán con el objetivo de clasificar a la etapa final de la Olimpiada Nacional 2025, que se llevará a cabo en el estado de Colima.

Entre los talentos que representarán a Baja California Sur destacan: María Briseño Alonso, Andrea González Bernal, Danna Betancourt Espino, Arline Carrasco Peralta, Karime Tapia Burgoin, Sol Osuna Peña, Francisco Avilés Guereña, Santiago Santa Ana Sandoval, Héctor Salazar González, Edwin Avilés Guereña y Edgar Hernández Estrada.

Todos ellos contarán con el respaldo y la dirección técnica de los entrenadores Jesús Gerardo Ruiz, Arturo Zárate Mercado y Armando Rubalcava Moreno.

Finalmente, los horarios y roles de juego serán dados a conocer a través de las redes oficiales del Instituto Sudcaliforniano del Deporte y del Gobierno del Estado de Baja California Sur.