Las cuentas públicas de los cinco municipios de Baja California Sur correspondientes al ejercicio fiscal de 2022 fueron rechazadas tras las revisiones de la Auditoría Superior del Estado (ASEBCS), que detectó diversas irregularidades en cada uno. En el caso de La Paz, el ayuntamiento acumuló 116 observaciones, de las cuales sólo 37 fueron solventadas, dejando 67 en proceso y 12 sin atención.
Entre las irregularidades más destacadas se encuentran 46 millones de pesos en obra pública y 160 millones en adjudicaciones directas sin licitación, lo cual fue señalado por el Congreso del Estado. La alcaldesa Milena Quiroga Romero justificó las observaciones indicando que el ayuntamiento carece de un sistema de administración contable adecuado, aunque aseguró que ya trabajan en desarrollar uno propio que estará listo en diciembre.
"No fue en el total y estamos trabajando para solventarlo. Tuvimos una reunión con el auditor; una de las principales razones es que no tenemos el sistema de administración contable que normalmente se compra, pero nosotros lo estamos desarrollando y ya en diciembre va a quedar", explicó Quiroga Romero.
En Loreto, la administración no presentó la situación financiera, por lo que la Auditoría Superior de la Federación exhortó al municipio a fortalecer sus procesos internos para cumplir con las recomendaciones.
Por su parte, Comondú reportó 36 observaciones, de las cuales sólo 15 fueron solventadas antes del informe final. Las irregularidades en este municipio suman más de 57 millones de pesos en ingresos, egresos y obra pública sin justificar. En Mulegé, de las 41 observaciones reportadas, solo cuatro fueron aclaradas, dejando un 90% de pendientes con un impacto económico de más de 9 millones de pesos, también reportado por el Congreso del Estado.
Los Cabos, por su parte, recibió 130 observaciones que representan un monto de 3 mil 419 millones de pesos, de las cuales sólo 23 han sido aclaradas; entre las inconsistencias se encontraron 1,223 contratos sin documentación de respaldo y varias obras inconclusas.
La diputada Gabriela Cisneros del XVII Congreso del Estado de Baja California Sur subrayó la responsabilidad moral y civil de los funcionarios públicos de rendir cuentas claras, destacando que esto facilita el trabajo de quienes los suceden y garantiza transparencia en el uso de recursos.
"Lejos de la grilla política, veamos que se cumpla con la ley. Si no se cumple y no se entregan cuentas claras, hay revisiones y que ahí realmente se aplique todo el peso de la ley", afirmó Cisneros.
Asimismo, el gobernador Víctor Castro Cosío sostuvo que el rechazo de las cuentas públicas obedece a errores administrativos y no a actos de corrupción, asegurando que la revisión se llevará a cabo conforme a la ley para corregir y prevenir problemas futuros.