El Poder Judicial de la Federación en México desempeña un papel crucial en la estructura del gobierno al garantizar el respeto y la aplicación de la Constitución y las leyes federales. Sin embargo, su importancia a menudo pasa desapercibida para muchos ciudadanos. Este poder, uno de los tres pilares del Estado mexicano, es responsable de la administración de justicia a nivel federal y está compuesto por varios tribunales, siendo el Supremo Tribunal de Justicia el órgano de mayor jerarquía. Su función principal es interpretar y aplicar las leyes, así como resolver los conflictos entre ciudadanos e instituciones, asegurando así el cumplimiento de la Constitución.
En días recientes, el Poder Judicial de la Federación convocó a una huelga nacional en protesta por la nueva reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión. Esta reforma ha desatado un intenso debate debido a varios puntos controversiales, entre ellos la reducción de la independencia judicial, la modificación en la asignación de recursos, cambios en el sistema de evaluación del desempeño, y la limitación en la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad. Entre las propuestas de la reforma se incluyen ajustes en la selección y remoción de jueces y magistrados, modificaciones en la distribución de recursos financieros para el Poder Judicial, e introducción de nuevos mecanismos para evaluar a los jueces y magistrados. También se plantea la restricción en el número de acciones de inconstitucionalidad, disminuyendo los mecanismos disponibles para la protección de derechos fundamentales.
Arturo Rubio, abogado especializado en derecho constitucional, explica que la reforma tiene como objetivo reducir el poder del Poder Judicial: "Si un acto de autoridad del presidente de la República viola la Constitución, el Poder Judicial se encarga de frenarlo. De igual manera, si el Poder Legislativo emite una ley que infringe la Constitución, el Poder Judicial debe intervenir para controlar esta situación". Rubio también comenta sobre la propuesta conocida como Plan C, que busca remover a todos los jueces: "Este plan, que cuenta con una mayoría calificada en el Poder Legislativo, probablemente será aprobado sin modificaciones significativas, lo que debilitará considerablemente al Poder Judicial".
El impacto de la reforma y la huelga en la ciudadanía es significativo, dado que cualquier alteración en el funcionamiento del Poder Judicial afecta directamente el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. La reciente huelga subraya la importancia del Poder Judicial en la estructura del Estado mexicano, y a medida que la reforma sigue siendo objeto de debate, es crucial que la ciudadanía esté informada sobre los cambios propuestos y su posible influencia en la administración de justicia.