En México, la represión estudiantil por parte de las fuerzas armadas ha marcado algunos de los episodios más oscuros de la historia nacional. Movimientos en defensa de derechos democráticos y la autonomía universitaria han sido violentamente sofocados, dejando un legado de injusticia y dolor.
La Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968; la Matanza del Jueves de Corpus, conocido también como el Halconazo del 10 de junio de 1971, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, evidencian un patrón de violencia estatal que continúa siendo motivo de exigencias de verdad y justicia.
El Estado Mexicano ha pedido disculpas por estos actos. "No se deben de ocultar las cosas, yo nada más ofrezco disculpas, no sólo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos, ofrezco disculpa a los padres", dijo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el 26 de septiembre de 2022.
"En nombre y representación del estado mexicano se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad", informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el pasado 2 de octubre de este año.
Aunque las heridas siguen abiertas, las y los estudiantes ven un avance en las condiciones para la libre manifestación. "Percibo que si necesito expresarme o hacer una marcha social definitivamente siento que lo puedo hacer, no me siento que me están reprimiendo para nada las instituciones", dijo Ángel, estudiante.
"A raíz de lo que pasó a 10 años han cambiado las situaciones en la escuela y sobre todo cómo se percibe en la Laguna (...) ha habido más recepción por parte de la sociedad lo cual creo que ha ocasionado que como estudiantes nos sintamos más seguros", agregó Eder, alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UA de C.
"Recientemente hicimos una marcha en conmemoración con el 2 de octubre, marchamos con la comunidad estudiantil, y nos dirigimos al hospital general hasta la utt nos estaba tomando fotos la policía municipal, fue un hecho lamentable, nosotros no sabemos para qué las tomaron", agregó Agustín Jaime, estudiante.
El reconocimiento por parte del Estado representa un avance, pero sin justicia real y sanciones ejemplares, el riesgo de que la historia se repita sigue latente, como ya ha ocurrido en el pasado.
El Gobierno de México anunció una inversión de 83 mil 760 millones de pesos hacia 2030 para fortalecer la producción agrícola y alcanzar la soberanía alimentaria frente a las políticas comerciales de Estados Unidos.
Con esta medida, se espera beneficiar a 750 mil productores en todo el país.
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, explicó que en 2025 la inversión llegará a 53 mil 971 millones de pesos, beneficiando a 300 mil campesinos. Destacó que el plan busca apoyar a los pequeños productores para mejorar la producción de alimentos clave como maíz, frijol, arroz y leche.
Las metas del programa incluyen aumentar la producción de maíz en 17% hasta alcanzar 25 millones de toneladas, incrementar en 64% la cosecha de frijol a 1.2 millones de toneladas, y duplicar la producción de arroz hasta 450 mil toneladas. Además, se espera un aumento del 15% en la producción de leche, alcanzando los 15 mil millones de litros.
Este plan forma parte del "Plan México", una estrategia de 18 puntos impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el mercado interno y reducir la dependencia del exterior.
Sheinbaum destacó que la soberanía alimentaria es clave para enfrentar los desafíos comerciales con Estados Unidos, particularmente ante los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.
Aunque el sector agropecuario mexicano quedó exento de los aranceles generalizados de Trump debido al T-MEC, casi la mitad de las exportaciones agrícolas del país aún enfrentan costos adicionales por estar fuera del tratado o formar parte de industrias afectadas, como el acero y los automóviles.
Para fortalecer la producción nacional, el Gobierno lanzará el programa "Cosechando Soberanía", que ofrecerá créditos de hasta 1.3 millones de pesos con tasas preferenciales, acompañamiento técnico y apoyo para la comercialización. También se creará la Productora de Semillas del Bienestar, que desarrollará semillas de alta calidad libres de transgénicos.
Además, el Gobierno planea abrir 30 mil Tiendas del Bienestar en todo el país para 2030, ofreciendo productos de la canasta básica a precios más accesibles y garantizando pagos justos a los productores de maíz, frijol, cacao, café y miel.
Con este plan, México busca reducir su dependencia alimentaria y mejorar las condiciones del campo, asegurando precios más justos para productores y consumidores en los próximos años.
El viernes 4 de abril, el exalcalde de La Paz, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, tiene una audiencia inicial programada ante el Juzgado del Sistema Penal Acusatorio del Partido Judicial de La Paz, para comparecer como probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por su presunta participación en la aprobación del desarrollo inmobiliario "Misión Punta Norte".
A Muñoz Álvarez se le aperturó una carpeta de investigación LPZ/4446/2021, ahora judicializada bajo la causa penal S1197/2024, por haber favorecido al proyecto Punta Norte,
que buscaba la construcción de 4,600 casas en las cercanías del ejido El Centenario rumbo a San Juan de la Costa.
Una decisión que, de acuerdo con organizaciones civiles, el uso de suelo aprobado fue ilegal, ya que el mega desarrollo consumiría aproximadamente 5 mil metros cúbicos diarios de agua, lo que equivale aproximadamente a 2 millones de metros cúbicos al año.
El cabildo de La Paz, encabezado en aquel momento por Rubén Muñoz Álvarez, aprobó el uso de suelo, condicionado a que previo a su arranque, construya una planta desalinizadora y otra de aguas residuales, así como la donación de un pozo profundo que se ubica en el predio, en favor del municipio.
El colectivo LGBT+, Codisex Los Cabos A.C, denunció una alarmante crisis de desabasto en los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señalan que esta situación pone en grave riesgo la salud y vida de personas que viven con VIH en Baja California Sur.
Informaron que tienen casos de al menos 33 personas con VIH en la entidad que al momento de acudir a farmacia a surtir su medicamento se les informa que "no se cuenta con el insumo disponible en la unidad y que llega dentro de unas semanas*, vulnerando su adherencia al tratamiento y violentando sus derechos humanos fundamentales, incluido su acceso a la salud.
La organización recordó que la Norma oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, para la Prevención y Control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana, establece el tratamiento con medicamentos Antirretrovirales debe ofrecerse con sales originales o genéricos que conserven Biodisponibilidad y Bioequivalencia de las sales originales.
"Además de hacerlo sin interrupciones, para evitar la aparición de resistencias y el riesgo de que el tratamiento pierda su utilidad; esto último se indica de igual forma en la guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH situación que ISSSTE en Baja California Sur no está cumpliendo desde los primeros meses del año 2025", señaló la organización.
Ante la grave violación de derechos, hemos promovido cuatro amparos con el objetivo de proteger la integridad y salud de las personas afectadas. Sin embargo, la solución no puede recaer únicamente en mecanismos legales; es imprescindible que usted cómo máxima autoridad de ISSSTE en BCS actúe de manera inmediata y efectiva para garantizar el acceso irrestricto al tratamiento que salva vidas.
La Comunidad LGBT+ ha buscado apoyo en otras organizaciones para poder suministrar los medicamentos necesarios. No obstante, el alto costo de estos tratamientos representa un obstáculo adicional, dificultando el acceso oportuno a los mismos.
Exigen al ISSSTE una respuesta urgente y efectiva para evitar que la vida de personas siga en riesgo por negligencia, recordaron que la salud es un derecho, no un privilegio, y su garantía es responsabilidad del Estado.