La administración estatal no está exenta de posibles casos de corrupción en el manejo de los recursos públicos que pudieran derivar en denuncias penales.
Desde la Contraloría General del Estado, ya se han levantado por lo menos 26 denuncias contra funcionarios y ex funcionarios tanto de esta administración, como de la pasada.
Las denuncias se han interpuesto ante la Procuraduría General de Justicia del estado PGJE y por lo menos dos se han fincado en la Fiscalía General de la República (FGR).
"Estamos muy de cerca dándole seguimiento a las denuncias para poder salir y ahora sí que el ciudadano tiene que derecho a estar informado y nosotros la obligación del conocimiento de cómo van los casos".
Añadió que continúan con el seguimiento de más denuncias, por lo que es de suma importancia que la ciudadanía siga enterándose de estos temas.
Por su parte, Arturo Rubio, Representante legal en Baja California Sur del Consejo Ciudadano de Atención de Víctimas del Delito, lamentó que el sistema estuviera diseñado para proteger a los delincuentes de cuello blanco, ya que en los casos presentados los exfuncionarios se encuentran gozando de libertad, además de no regresarle a la sociedad su propio recurso.
"Enfrentar el juicio a tu casa y lo peor es que regreses el dinero y a veces ni siquiera completo parte de ello entonces creo que el enfoque está mal planteado es muy benigna nuestra legislación penal con los delincuentes sobre todo los que disponen de fondos públicos es decir pareciera que se están curando de salud cuando legislan sobre la materia y como si se quisieran proteger porque de los que han sido vinculados a proceso pues todos están gozando de plena libertad".
Hasta el momento van 4 exfuncionarios vinculados a proceso son: Rosalba "N" ex titular del Instituto de Vivienda, por autoliquidación.
Isidro "N" ex titular de la de Secretaría de Finanzas y Administración Pública por; "uso ilícito de atribuciones"
Joaquín "N", ex Subsecretario de Finanzas por; y Jesús "N" ex titular del Registro Público de la Propiedad por enriquecimiento ilícito.
"Debiera ser urgente que diputados establecerán una medida cautelar que nos permitiera garantizar que por lo menos van a regresar completo lo que se llevaron y en la forma en la que se está llevando el proceso en contra de los ex funcionarios mandando un mensaje que creo que es muy peligroso deciden sus recursos públicos y el mensaje es que no pasa nada lo peor es la cárcel lo peor es lo que puede pasar".
Comentó que, hay quienes tienen un proceso penal, sin embargo, sigue laborando, por lo que es de suma importancia que intervengan legisladores y colegios de abogados, a fin de que se promuevan leyes más estrictas, que garanticen la reparación del daño a la sociedad, de los ex funcionarios que han sido denunciados por desfalco o desvío de recursos públicos.