Trabajadores empiezan a demandar libertad sindical
Una de las alternativas para las mejoras laborales es la organización de la base trabajadora. Recientemente los y las empleadas de Linamar, Gómez Palacio, hicieron huelga para demandar el cumplimiento de la ley en cuanto a la independencia de la organización sindical, que viene contenida en la Reforma Laboral de 2019.
"Estamos pidiendo meter al sindicato que nosotros estamos eligiendo como trabajadores, al sindicato minero la empresa no ha accedido () también hemos visto que la empresa ha dado facilidades a otro sindicato a pesar de que ellos no tienen una carta de representatividad la tenemos nosotros", dijo María Frausto, representante del sindicato minero,
La huelga inició el 29 de julio y finalizó el 1 de agosto. Según el periódico La Jornada, se reconoció al Sindicato Nacional Minero, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, como titular del contrato colectivo de trabajo (CCT) por parte de la compañía canadiense.
Otro caso de organización laboral es el de la planta Delta Staff, de Nazareno, Durango. En el mes de mayo se fueron a paro laboral para exigir el pago de utilidades dignas, pues en ocasiones llegaban 50 centavos, un peso.
"Queremos un bono de compensación, no les estamos pidiendo limosna, les estamos exigiendo, algo que nosotros merecemos como trabajadores", dijeron
Lograron recibir 2 mil pesos de utilidades. Pero la organización de las y los trabajadores de esta fábrica textil que comentan, tiene entre sus clientes a la marca Levis´, data de más de dos años y ahora están en proceso de conformación de un sindicato independiente.
Anteriormente la CTM tenía la titularidad, pero a través de la Reforma Laboral que da la oportunidad de legitimar o no el sindicato a través de una votación, optaron por darle la titularidad a la Liga Sindical Obrera Mexicana. Esto dio paso a la elaboración del nuevo contrato colectivo de trabajo, sin perder los beneficios que ya habían obtenido.
"Tania como abogada, yo como voluntario y los trabajadores, nos damos cuenta que tenemos que preguntarle a los trabajadores que es lo que vamos a negociar en el contrato colectivo porque no podríamos plantear un contrato colectivo que no esté relacionado con la base trabajadora". Xavier Reyes, asesor de las y los trabajadores.
Actualmente se cuenta con la carta de legitimidad, ya se negoció el contrato colectivo y sólo se espera que las y los trabajadores lo validen, si así lo consideran conveniente, para continuar con el proceso de conformación de la sección sindical.
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Asesinan a candidata de Morena por la alcaldía de Texistepec
La noche de este domingo, Yesenia Lara Gutierrez, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, al sur del estado, fue atacada a tiros cuando realizaba su recorrido de campaña.
De acuerdo a testigos, se reportan al menos siete lesionados más de manera preliminar.
Cabe destacar que sujetos desconocidos dispararon contra el contingente, provocando la muerte de al menos tres personas, entre ellos la aspirante morenista.
Lara Gutiérrez era viuda del exregidor Enrique Argüelles, quien también fue asesinado en noviembre de 2022, en circunstancias igualmente violentas.
Hasta el momento, las autoridades brindado información al respecto.
Campaña anti inmigrante de EEUU alcanzó a familias sudcalifornianas
Lo que parecía una campaña mediática se volvió realidad en Baja California Sur: dos jóvenes de Puerto San Carlos enfrentan cargos federales en EE. UU. tras intentar cruzar por mar.
Durante semanas, la promoción de la aplicación CBP One se movió en redes mexicanas como si fuera solo una campaña digital más. En el video Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos,invitaba a las personas migrantes a autodeportarse "voluntariamente".
Aunque el mensaje fue presentado con tono institucional, pronto fue tachado de propaganda migratoria, disfrazada de asistencia humanitaria. El impacto mediático fue inmediato: miles de usuarios en redes sociales en México criticaron el contenido, pero pocos imaginaron que sus efectos podrían tocar tan de cerca a sus comunidades.
Hasta ahora.
En Puerto San Carlos, Baja California Sur, el mensaje dejó de ser algo lejano y virtual. Julio César y Jesús Juan, dos jóvenes originarios de este puerto pesquero, fueron detenidos en San Diego, California, tras presuntamente intentar cruzar por mar. Hoy, enfrentan cargos federales por tráfico de personas y podrían ser condenados a pena de muerte, una posibilidad que ha estremecido a sus familias y a la comunidad entera.
Claudia García, cuñada de Julio César, afirmó que lo que están haciendo con su familiar y su amigo Jesús no tiene nada que ver con justicia, sino con una estrategia política:
"Quieren tomarlos como ejemplo, como una manera de demostrar lo que Estados Unidos puede hacer con los migrantes. No es un proceso justo, es una advertencia disfrazada de juicio", señaló.
La respuesta del gobierno mexicano ha sido limitada. Si bien se anunció la intención de reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para impedir la difusión de este tipo de contenidos, no hay ningún pronunciamiento oficial respecto al caso de los jóvenes sudcalifornianos. Sus familias, mientras tanto, denuncian la ausencia de apoyo consular y la total incertidumbre sobre su situación legal.
Buscan ayuda para acusados en EEUU "Solo querían migrar"
Las severas políticas migratorias de la administración de Donald Trump impactaron en las familias sudcalifornianas. Dos jóvenes originarios de Puerto San Carlos, en el municipio de Comondú, se encuentran enfrentando graves acusaciones en los Estados Unidos que podrían llevarlos a una condena de pena de muerte.
El pasado 30 de abril, Julio César Zúñiga y Jesús Juan Rodríguez decidieron dejar atrás sus hogares en busca de mejores oportunidades económicas. Ambos se dedicaban al buceo y la extracción de moluscos, una actividad que, debido a la creciente precariedad del sector, ya no les garantizaba sustento suficiente para sus familias. Ante la difícil situación, optaron por emprender un viaje hacia Tijuana con la esperanza de alcanzar el sueño americano.
"Ellos son de Puerto San Carlos, Baja California Sur. Hay muchos testigos que pueden confirmar que ellos trabajaban la almeja generosa, la almeja chocolate y otras especies", señaló Claudia García Osuna, cuñada de Julio César, quien relató cómo los jóvenes tomaron la decisión de salir de su puerto natal.
El trayecto comenzó por tierra, cruzando la península hasta llegar a las playas de Tijuana, donde abordaron una panga con la promesa de llegar a Estados Unidos por mar. Sin embargo, el 4 de mayo, la comunicación con las familias se interrumpió, desatando la preocupación de sus seres queridos.
Pocas horas después, los medios de comunicación de Estados Unidos informaron sobre el naufragio de una panga frente a las costas de San Diego. En las redes sociales circuló un video en el que se observaba a Julio y Jesús intentando rescatar a otras personas del mar. El saldo fue trágico: cuatro muertos, entre ellos una menor de edad, cuatro personas heridas y siete localizadas, mientras que los dos jóvenes fueron detenidos.
Hoy, los sudcalifornianos enfrentan cargos de tráfico de personas con resultado de muerte, un delito que podría costarles la cadena perpetua o incluso la pena de muerte. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, urgió al Fiscal General a procesar a los detenidos, sugiriendo incluso la pena capital en su contra.
"Por lo que se les está juzgando a ellos, y lo que han hecho saber, pues es que están pidiendo una pena de muerte o cadena perpetua, lo cual se nos hace injusto porque ellos hasta el último momento ayudaron a las personas a salir del mar," expresó Claudia García Osuna, visiblemente afectada por la situación.
Las familias de los jóvenes sudcalifornianos solicitan el apoyo del gobernador del estado, Victor Castro Cosío,asi como de las autoridades mexicanas y estadounidenses para evitar que se conviertan en víctimas de lo que consideran un proceso injusto, con tintes políticos más que legales.
"Nosotros no pedimos que los dejen libres, pedimos que sea literalmente lo que les toca, pero que sea justo con ellos, no que sean injustos como lo están queriendo hacer hasta el día de hoy," subrayó García Osuna, quien agregó que la acusación está siendo manejada de manera que no corresponde a la realidad de los hechos.
A través de cartas y mensajes, los familiares de los jóvenes hacen un llamado a la intervención de los tres niveles de gobierno para garantizar que se haga justicia en este caso. "Es momento de apoyar y decir, vamos a apoyar a Julio César, a Iván, a extraditarlos a México, y si no es así, que sea simplemente la justicia, pero que no sea una injusticia," concluyó García Osuna.
Este medio intentó ponerse en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a nivel estatal y federal, quienes canalizaron la solicitud al Instituto Nacional de Migración (INM). Según informes del instituto, se brindó atención a las víctimas del naufragio y se estableció contacto con siete mexicanos que fueron localizados ilesos en custodia de las autoridades migratorias.
No obstante, hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido ninguna declaración sobre el estado legal de los sudcalifornianos acusados y, a pregunta expresa, no se confirmó si Estados Unidos brindó aviso de la situación al consulado mexicano.
Los dos jóvenes siguen atrapados en un limbo legal, desprovistos de apoyo consular, sin la posibilidad de comunicarse adecuadamente debido a la barrera del idioma, y sin el acompañamiento de sus familias.A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su postura sobre políticas migratorias, hasta ahora no se ha pronunciado sobre este caso específico
