Tras la culminación de las elecciones, las calles principales de la ciudad han quedado inundadas de propaganda política, generando preocupación por el aumento de basura y la contaminación al medio ambiente. Lonas, pendones y espectaculares publicitarios, comúnmente utilizados durante las campañas, tienen un impacto duradero, tardando entre 5 meses y hasta 100 años en degradarse, y contaminando el suelo, el agua y el aire.
Durante las elecciones de 2021, se recolectaron cerca de 4 toneladas de basura generada por propaganda política. Este año, asociaciones civiles han expuesto el mismo problema. Tannya Marmolejo, coordinadora de comunicación de Ponguinguiola, destacó la gravedad de la situación: "Se esperaba que se generara algo parecido en esta jornada, pero desde aquí hicimos un recordatorio de que la institución y los partidos políticos deberían presentar un plan de reciclaje desde el inicio de la campaña".
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en su artículo 209, establece que toda propaganda electoral impresa debe ser reciclable y fabricada con materiales biodegradables. Además, partidos y candidatos están obligados a presentar un plan de reciclaje de su propaganda y a removerla de espacios públicos o privados en un plazo de 48 horas tras la jornada electoral.
A pesar de estas regulaciones, la propaganda política aún se encuentra dispersa por la ciudad. "Podemos encontrar a lo largo de la ciudad. Hemos recorrido ya bastantes puntos de la ciudad, y todavía podemos ver la mayoría de las lonas y pendones que estuvieron por aquí. Por ley, después de 48 horas de la jornada, en teoría, ya no debería haber propaganda", comentó Marmolejo.
Es obligación de los partidos políticos y de los candidatos remover estos residuos y darles un uso adecuado para mitigar los daños ambientales. Sin embargo, a dos días del término de las elecciones, la propaganda continúa en las calles de la ciudad, evidenciando el incumplimiento de las normativas y el persistente problema de contaminación electoral.
Esta situación subraya la necesidad de una mayor responsabilidad y acción inmediata por parte de las autoridades y los partidos políticos para cumplir con las leyes ambientales y proteger el medio ambiente de los efectos nocivos de la propaganda electoral.