Los municipios de León, Celaya e Irapuato se han convertido en panteones clandestinos según datos de la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato.
Incluso las cifras de personas desaparecidas que tiene la Fiscalía General de Guanajuato son más fehacientes que los datos que tiene el registro nacional.
Dentro el registro de datos Celaya, Irapuato y León siempre han aparecido como las primeras tres ciudades con más personas enterradas en fosas clandestinas según números absolutos.
SI bien el desfase entre los datos de la Fiscalía de Guanajuato y los de la comisión de búsqueda nacional tienen un registro de mil 500 personas desaparecidas, en este registro León aparece en el sexto lugar estatal en hallazgo de fosas clandestinas, según las fuentes oficiales y de prensa.
Esto trae al tema el registro de 2 mil 737 fosas descubiertas entre el 2020 al 2024.
Los estados en donde más fosas clandestinas se han reportado en ese periodo son Jalisco con 677, Sonora con 298, Guanajuato 253, Sinaloa 174 y Baja California registró 171.
Fuente: Causa en Común
Los datos de la plataforma apuntan que los hallazgos más comunes de fosas clandestinas se han hecho en la Sierra de Lobos, Los Ramírez y en zonas rurales del municipio donde fácilmente ocultan cuerpos.
Aunque también en casas de la zona urbana ha habido ese patrón de desaparición algo que está todavía poco estudiado", expresó.
En el campo de exterminio ubicado en Teuchitlán Jalisco, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas hallaron huesos calcinados y triturados, zapatos, mochilas, carteras y maletas
A su vez, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, contabilizó el hallazgo de 4 mil 701 cadáveres y 6 mil 072 restos humanos dentro de fosas clandestinas durante el sexenio de López Obrador.
Destacan entidades como Jalisco, con 808 cadáveres recuperados de fosas clandestinas, Sonora, con 578 cuerpos exhumados, Guanajuato, con 536, Colima, con 417, Veracruz, con 226 y Guerrero, con 198.
Fuente: Causa en Común
La metodología del Observatorio Ciudadano en conjunto con la Iberoamericana se podría combinar para el rastreo de desapariciones en el municipio de León, desde colonias, tipo de personas que desaparecen ya que ese tipo de registro el estado no los tiene y la data nacional deja un poco que desear.
Los municipios del corredor industrial se han convertido en "ciudades panteón" y el municipio de León registra el mayor número de fosas clandestinas, los hallazgos están documentados, otra asignatura pendiente de la Fiscalía General de Guanajuato.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció la desaparición de la Dirección General de la Tesorería, una decisión que marca un nuevo paso en la reestructura interna del máximo tribunal del país y que responde a la transición en curso dentro del Poder Judicial de la Federación
Esta medida, oficializada mediante el Diario Oficial de la Federación, implica que las responsabilidades que antes recaían en dicha área serán reasignadas a otras dependencias, con el objetivo de consolidar los procedimientos administrativos y financieros bajo un solo esquema, buscando mayor eficiencia y control en el manejo de recursos.
El acuerdo, que entró en vigor el 1 de mayo, detalla que las funciones relacionadas con la gestión de apoyos económicos para prestaciones médicas y la administración de pensiones complementarias, así como otros apoyos médicos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo, serán absorbidas por la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad y, en lo que respecta a la atención y operación de recursos para pensiones y prestaciones, por la Dirección General de Recursos Humanos.
Esta redistribución busca agilizar los procesos internos, mejorar la transparencia en el uso del presupuesto y fortalecer la coordinación entre áreas responsables, lo que se traduce en una administración más clara y eficiente
La eliminación de la Dirección General de la Tesorería no es un hecho aislado.
Forma parte de una serie de ajustes que la SCJN ha venido implementando en el marco de la reforma judicial.
Recientemente, también se extinguió la Secretaría de Enlace y Coordinación, una oficina que tenía apenas 20 meses de funcionamiento y que se dedicaba a la organización de audiencias, eventos institucionales y visitas guiadas en las instalaciones de la Corte.
La decisión de suprimir la Dirección General de la Tesorería se fundamenta en el mandato del segundo párrafo del Transitorio Décimo del Decreto de reforma del Poder Judicial de la Federación
De acuerdo con este mandato, los recursos remanentes y productos generados por los fideicomisos en proceso de extinción han sido transferidos a la Tesorería de la Federación.
Sin embargo, se mantiene la obligación de garantizar el pago de pensiones y prestaciones médicas complementarias con recursos del presupuesto federal.
La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, ha sido la responsable de encabezar estos cambios estructurales, en respuesta a la extinción de fideicomisos ordenada por la reforma judicial
Esta reforma ha implicado la desaparición de varios fideicomisos del Poder Judicial, cuyos recursos han sido canalizados hacia la Tesorería de la Federación, en cumplimiento de los plazos y lineamientos establecidos por la ley.
El objetivo es que los fondos remanentes se utilicen en programas prioritarios, como el financiamiento de la próxima elección judicial y el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Con estas modificaciones, la SCJN busca no solo adaptarse a las nuevas reglas presupuestales, sino también optimizar la administración de sus recursos y fortalecer los mecanismos de control interno.
El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, opinó que se debe revisar a fondo la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN que busca regular el uso de celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas de Guanajuato.
Jiménez Lona Indicó que será necesario escuchar a los expertos para poder definir si es viable legislar la prohibición de los celulares en las escuelas a pesar de que hoy en día también son parte de una herramienta didáctica.
"Somos respetuosos del trabajo del Congreso y de los grupos parlamentarios, en este caso del PAN, es importante que se revise bien, a veces el prohibir por prohibir tampoco puede traer soluciones; aquí estaremos muy atentos al parlamento abierto, a las mesas de trabajo, que los expertos nos digan si hoy por hoy esa es la solución o sí se requiere más capacitación", afirmó.
Dijo que, aunque estados como Querétaro ya generaron e implementaron mecanismos para regular el uso teléfonos celulares en las aulas se deben generar acciones que respondan a la dinámica del estado.
"Finalmente es una herramienta, el teléfono puede ser vista como una herramienta, un aparato de apoyo de uso educativo, el tema es el uso que se le dé en el horario escolar, sabemos que es un medio de distracción, pero también pudiera ser una herramienta, entonces aquí será muy interesante el trabajo que haga el Congreso del estado, sabemos que en Querétaro es vigente", dijo.
Jiménez Lona dijo aceptó que cada día incrementan casos de adicción al uso de estos aparatos.
La organización No+ Pobreza Guanajuato en el marco de las movilizaciones de trabajadores y sindicatos en este primero de mayo Día del Trabajo, denunció que en el industrioso municipio zapatero de León el salario mínimo es apenas de 5 mil 190 pesos, una percepción mensual lejos de cubrir las necesidades más básicas de las familias.
Esto a pesar de que la economía del estado de Guanajuato esta considerada la quinta más importante a nivel nacional por la atracción de inversiones extranjeras y nacionales.
De acuerdo con el Colectivo Vida Digna una familia de cuatro integrantes donde dos son los que aportan ingresos económicos, para que puedan vivir sin pobreza deben tener un ingreso mínimo de 13 mil 400 pesos.
No+ Pobreza sostiene que esto refleja una profunda brecha entre lo que se paga y lo que realmente se necesita para vivir con dignidad, denuncia que quienes trabajan tiempo completo vivan en la pobreza, "Quien trabaja no debe ser pobre".
La organización civil lanzo un enérgico y urgente llamado a las autoridades, empresarios y a la sociedad civil para que te tengan salarios justos, contratos éticos y condiciones laborales prioricen el bienestar de las y los trabajadores y sus familias.
Reclaman que el desarrollo económico de Guanajuato debe estar al servicio de los ciudadanos.
