El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), encabezado por la fiscal Pam Bondi, se ha convertido en un aliado clave del presidente Donald Trump en su lucha contra la inmigración ilegal.
Bajo su liderazgo, el DOJ ha incrementado considerablemente las acusaciones y penas de cárcel para migrantes, especialmente aquellos que han reingresado al país tras ser deportados.
En lo que va del mes, fiscales del distrito suroeste (que incluye Arizona, California, Texas y Nuevo México) presentaron cargos contra 1,020 personas por violaciones a leyes migratorias. En marzo, esa cifra fue cercana a los 5,000 casos.
La estrategia forma parte de la iniciativa "Recuperemos América", que busca combatir la inmigración irregular, el tráfico de personas y de drogas. El DOJ ha reasignado recursos de otras áreas con el objetivo de cumplir con esta línea política, lo que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
Vicki Gaubeca, directora de Política Migratoria en Human Rights Watch, acusó a la administración de Trump de usar al Departamento como "arma" para sembrar miedo entre la comunidad migrante.
"El Departamento de Justicia está siendo utilizado como un instrumento para continuar esta política de terror contra los migrantes", señaló Gaubeca. A su vez, advirtió que se están aplicando leyes de más de un siglo de antigüedad que solo habían sido usadas en contextos de racismo abierto.
El DOJ, sin embargo, ha rechazado que su trabajo tenga motivaciones políticas. En declaraciones a Efe, Esther Winne, vocera del organismo en Arizona, afirmó que el objetivo del departamento sigue siendo "hacer cumplir la ley", y que ingresar de forma irregular al país constituye una violación legal. Las penas por reingreso ilegal pueden alcanzar hasta cinco años de prisión, y más si se encuentran cargos relacionados con narcotráfico o tráfico de personas.
Uno de los casos más sonados fue el del hondureño Jairo Ernesto Perry Santos, de 40 años, detenido en Carolina del Norte por reingresar tras haber sido deportado en 2016. Según activistas, este tipo de casos son prueba de que el Gobierno también está presentando cargos contra personas que han vivido durante años en el país, no solo contra quienes cruzan recientemente la frontera.
Un caso aún más extremo es el del mexicano Julián Estrada García, quien fue deportado 39 veces y condenado por entrada ilegal en cuatro ocasiones. Esta vez, el DOJ optó por no juzgarlo y lo devolvió directamente a México, decisión que fue bien recibida por sectores que apoyan las políticas migratorias del presidente Trump.
Pese a las críticas, la línea dura contra la migración ilegal sigue ganando apoyo entre votantes conservadores, mientras que las organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen su denuncia sobre un uso excesivo de la ley como herramienta de intimidación. La tensión entre ambas posturas sigue marcando el debate migratorio en Estados Unidos.
