Hay una responsabilidad civil, penal e incluso un daño moral en el que la autoridad puede ser demandada por la comisión de omisión de un delito, al ser testigos de actos de vandalismo al patrimonio cultural durante manifestaciones o de delitos como el secuestro de vías de comunicación, refirió Marcelino Trejo, Presidente del Colegio de Abogados en Guanajuato, quien aseveró que las autoridades municipales que son los principales respondientes carecen de protocolos establecidos para atenuar estás protestas violentas y por eso no saben cómo actuar.
En lo que respecta a los hechos ocurridos con la joven Evelyn y luego de la baja de los elementos de seguridad pública por su presunta participación en un abuso sexual, el Licenciado puntualizó que esos hechos pudieron ser evitados por las autoridades sí desde que se anunció la manifestación se hubiera atendido con sensibilización el reclamo, aunque de igual manera eso no justifica el actuar de quienes violentan los derechos de los demás.