Luego de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, un decreto presidencial que establece un acuerdo por medio del cual las obras públicas federales son declaradas de interés público y de seguridad nacional, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que el decreto es violatorio a la Constitución porque atenta contra la libre competencia y fomenta la discrecionalidad en la realización de obras públicas.
Esta disposición es aplicable para obras de infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles. Prácticamente un abanico que cubre todas las obras del gobierno federal.
Esta medida es sumamente alarmante, sobre todo, cuando de forma reciente se han dado a conocer investigaciones periodísticas que revelan la asignación discrecional de contratos a empresas fantasma y con giros no relacionados con la materia contractual.