Fue el pasado abril, cuando Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de Agronomía de la Universidad de Guanajuato, fue asesinado por un elemento de la Guardia Nacional en el municipio de Irapuato. Luego de este hecho, decenas de estudiantes pertenecientes a la máxima casa de estudios de Guanajuato familiares de Ángel marcharon para exigir justicia ante este caso.
Por su parte, la Guardia Nacional emitió un comunicado el día siguiente, mencionando que el agente que disparó contra las estudiantes había sido separado de su cargo y puesto a disposición de las autoridades del Estado de Guanajuato.
En este contexto, ocho meses después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, determinó como uso ilegal de la fuerza por parte de los elementos de la Guardia Nacional, y calificó como violaciones graves a la integridad de otras dos victimas que acompañaban a Ángel.
"Derechos Humanos concluyó que uso de la fuerza fue ilegal porque no se estaban enfrentando a una amenaza real. No solo los jóvenes no los agredieron, sino que ni siquiera opusieron resistencia", se lee en el comunicado".