Luego de 3 años 9 meses de la ejecución extrajudicial de Leonardo Reyes Cayente, migrante mexicoamericano por el Grupo Táctico Operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, familiares y activistas denuncian la impunidad total del caso e incluso falta de apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, acompañada de una posible colusión.
Fue en marzo 2020 que la Fiscalía estatal decidió no ejercer acción penal contra los agentes, justificando que actuaron en legitima defensa, lo que derivó en que la autoridad archivara el caso, sin embargo 5 testigos presenciaron el día de los hechos, (escondidos entre matorrales), como los agentes manipulaban la escena, además se registraron contradicciones de las versiones de los policías y pruebas científicas.
El proceso de impugnación que han presentado los familiares ha sido truncada por la jueza de control, sin embargo luego de varios procesos jurídicos, un juez ordenó al juzgado penal del municipio (amparo 144/2022) que señale día y hora para reponer la audiencia y se abstenga de no ejercerla.
Debido a todas estas inconsistencias no se ha dictado sentencia contra 5 hombres y 1 mujer policía que enfrentarían alrededor de 30 años de cárcel más el pago de reparación de daños. El caso se mantiene a la sobra de la impunidad.