Exigen familiares de los cinco trabajadores fallecidos el pasado 13 de noviembre en la planta del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) cese de Enrique de Haro, y de su presidente, Jorge Ramírez por las deficiencias en la investigación pericial del incidente que apuntan a que esta, es la responsable de la muerte; la paramunicipal asegura que ha cumplido con todo lo requerido conforme a la ley.
En agosto de 2020, desde Acción Colectiva Socioambiental A.C., se dió a conocer a la opinión publica, las irregularidades en torno al manejo y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales (PTAR) y su Módulo de Desbaste (MD) y posteriormente
presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Esas denuncias públicas evidenciaron, entre otras cosas, las diferencias entre el SAPAL y la
empresa ECOSYS III, operadora de ese sistema de saneamiento.
La disputa esencial entre ambas entidades gira en torno a los daños causados en la infraestructura del Módulo de Desbaste
debido a que las empresas de la industria curtidora envían agua residual de calidades
distintas a las pactadas para su saneamiento y la incapacidad del SAPAL de ordenar a los curtidores
Por si parte Sapal, reiteró su cooperación, como ha sido desde el primer momento, con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades.
Además, se ha dado seguimiento a los procesos de apoyo a los familiares de nuestros compañeros involucrados en este caso, con los procedimientos administrativos para el cobro de su finiquito, que incluye, en estricto apego a la Ley Federal del Trabajo, el pago por sus días laborados y los proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad.