La transición hacia una movilidad sostenible es un reto que requiere la participación del gobierno, empresas y sociedad.
La movilidad eco-amigable busca desarrollar un sistema que permita reducir la destrucción ambiental y los efectos negativos provocados por la construcción de infraestructura para el transporte y establecer estrategias que disminuyen los accidentes de tránsito e impulsen medios de transporte que sean económicos.
La ley general de movilidad segura se implementó el año pasado, e indica a los gobiernos, que debe haber una priorización de la jerarquía de movilidad, primero el peatón, luego la bici, seguido del transporte público, luego el transporte de carga y por último el transporte privado.
Colectivos como Planeta B se dieron cuenta que esto no pasa en León y por ello realizaron un amparo para frenar el presupuesto en este rubro.
Dentro de estas propuestas se encuentra la planeación y transformación de vialidades sustentables y que les permitan a las personas realizar sus trayectos sin dañar el entorno y movilizarse de una manera más eficiente.