"Por poner un ejemplo clásico: si hacienda determina a una persona, a una empresa, un crédito fiscal y él considera que no tiene la razón hacienda, concurre ante nosotros y nosotros decidimos a quien de los dos le asiste la razón," dijo Carlos Chaurand Arzate, magistrado presidente de la institución.
Las inconformidades en contra de las pensiones, así como por las cuotas obrero patronales, multas o cobros del SAT o por cualquier acto administrativo del gobierno son dirimidas por el tribunal.
En él tribunal se presentan en promedio 160 mil demandas al año, "con un valor en litigio de más de 600 mil millones de pesos, que representan aproximadamente el 3.5 por ciento del producto interno bruto, es un tribunal que sanciona la legalidad de la administración pública federal."