Independientemente de los procesos que se deben de cumplir para elegir a un fiscal federal o estatal, su actuar debe de ser imparcial, sin influencias externas y representar los intereses del estado, lo cual no ocurre en la mayoría de los casos.
Ya que por más que se quiera hacer creer que la fiscalía es un órgano autónomo, la mayoría de los titulares atienden los intereses del gobernador, de su partido y personales más allá de los que la sociedad exige, cabe señalar que este proceso tiene como objetivo garantizar que el fiscal actúe con imparcialidad y sin influencias externas.
Como dato los fiscales gozan de un grado de independencia en su labor ya que no deben recibir instrucciones de otros poderes del Estado al ejercer su función, aunque su elección o designación pueda involucrar a dichos poderes y también es nombrado por un período determinado, pero puede volver a ser reelegido o reemplazado.