De acuerdo al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a integrantes de su gabinete, la subcontratación laboral u outsourcing se ha aprovechado por parte de empresarios para evitar el pago de impuestos y afectar los derechos de los trabajadores, entre ellos el reparto de utilidades.
Originalmente la iniciativa de reforma que limita el outsourcing en el país, la cual fue enviada a la Cámara de Diputados, contempla con algunas excepciones específicas, la prohibición de la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra mientras que queda permitida la prestación de servicios especializados.
La violación a las nuevas disposiciones implicaría multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización; para el 2020, siendo que estos valores van de los 173 mil 760 pesos hasta los 4 millones 344 mil pesos.
Los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrían efectos fiscales de deducción o acreditamiento; además, las irregularidades serían procesadas como un delito de defraudación fiscal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de los sectores obrero y empresarial solicitaron al Poder Legislativo se aplace hasta febrero de 2021 la discusión de la ley de outsourcing, ya que se presentará una nueva iniciativa en la materia.
Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, detalló que con la finalidad de resolver los abusos que se han generado con el outsourcing no sólo a los trabajadores, sino a la hacienda pública y a la seguridad social, se llegó a una serie de acuerdos para presentar en 2021 una nueva propuesta de reforma.