Verónica Espinoza, corresponsal de la revista Proceso, recordó lo común y fácil que resultaba para quienes detentaban el poder público acusar penalmente a quienes través de los medios de comunicación les hacían señalamientos sobre sus actuaciones.
Representantes de agrupaciones de periodistas tuvieron que encarar a los tres poderes del estado para que la difamación y la calumnia fueran abrogadas del código penal.
?Difamación y calumnias son contrarios a la libertad de expresión y eso ha sido señalado por diversos organismos internacionales, y lo que se buscó es hacer lo mismo que se hizo hace 10 años en que se derogó a nivel federal, que es incluirlo en el código civil,? expuso Raymundo Sandoval, activista defensor de los derechos periodistas./