De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), la decisión del gobierno mexicano de prohibir la importación y venta de cigarrillos electrónicos ha generado consecuencias negativas, favoreciendo el comercio ilegal y privando al Estado de ingresos fiscales
Esta postura se respalda en un reciente estudio del Colegio de México (COLMEX), cuyos resultados coinciden con las advertencias que la organización había hecho previamente sobre los riesgos de vetar estos productos en lugar de regularlos.
La investigación confirma que, a pesar de la prohibición, alrededor de cinco millones de personas en el país continúan utilizando vapeadores, los cuales se obtienen a través de canales clandestinos. Al no existir un marco regulatorio, los consumidores adquieren artículos sin garantía, sin conocer su origen y sin posibilidad de exigir responsabilidades legales en caso de afectaciones a la salud.
En 2023, la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS) reportó 2.1 millones de usuarios de vapeadores en México, un aumento significativo desde los 975,000 en 2019. Esto representa aproximadamente el 2.1% de la población adulta (15 años o más)
Cuauhtémoc Rivera, líder de la ANPEC, señaló que las restricciones no han eliminado el consumo, sino que lo han desplazado hacia la informalidad.
"Impedir la venta legal no acaba con la demanda, solo la traslada a espacios sin control, donde no hay normas de calidad, protección al comprador o supervisión para evitar que menores accedan a estos productos", explicó.
El informe del COLMEX estima que el mercado ilegal de vapeadores mueve cerca de 26 mil millones de pesos al año, cantidad que no se traduce en impuestos para el erario público.
Estos recursos, destacó la ANPEC, podrían destinarse a programas sociales en beneficio de la población vulnerable
Además, la organización alertó que el comercio ilícito enriquece a grupos delictivos, quienes aprovechan la demanda insatisfecha para financiar otras actividades ilegales. "Las prohibiciones no solo perjudican a los negocios formales, sino que exponen a los consumidores a productos inseguros y afectan la economía nacional", agregó Rivera.
La ANPEC reiteró su postura a favor de establecer reglas claras en lugar de medidas radicales. "El Estado debe garantizar un mercado ordenado, no imponer vetos que terminan siendo contraproducentes. México necesita marcos legales que protejan a los usuarios sin fomentar la ilegalidad", sostuvo el representante.
Para la alianza, los hallazgos del COLMEX validan su insistencia en que la solución no está en prohibir, sino en diseñar políticas que equilibren el control sanitario con el desarrollo económico
La organización valoró que una institución de prestigio como el Colegio de México haya analizado el tema con rigor, confirmando los argumentos que ellos han expuesto desde el inicio del debate. "Este estudio demuestra que teníamos razón: las decisiones apresuradas sin sustento técnico solo generan más problemas", finalizó Rivera.
Con base en estos datos, la ANPEC insistió en la urgencia de revisar la estrategia actual, subrayando que una regulación efectiva beneficiaría tanto a los comerciantes como a los consumidores y al gobierno.