Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión en Argentina
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó este miércoles la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández. La sentencia, que se impuso en 2022 por defraudación al Estado, mantiene la acusación de que durante su mandato (2007-2015) favoreció a un empresario cercano, Lázaro Báez, mediante la asignación irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
A pesar de la confirmación de la pena, la exvicepresidenta (2019-2023) no perderá su libertad inmediata ni su derecho a postularse para futuros cargos públicos. Fernández ha anunciado que apelará el fallo ante la Corte Suprema, lo que podría retrasar la resolución final por varios años. Mientras tanto, la exmandataria de 71 años continúa realizando actividades políticas y sociales, como la que mencionó en un video difundido minutos antes del fallo, en el que se dirigía a un evento con mujeres en un municipio cercano a Buenos Aires.
La condena de Fernández está vinculada a un escándalo de corrupción relacionado con la asignación de más de 50 obras viales, las cuales, según los tribunales, fueron otorgadas de manera irregular a la empresa de Báez. A lo largo de este proceso judicial, la exmandataria ha sostenido que fue víctima de una persecución judicial impulsada por la oposición para desplazarla del ámbito político, un argumento que ha reforzado durante la apelación del fallo.
Los militantes del kirchnerismo, corriente política que lidera Fernández, se manifestaron a las afueras de los tribunales en Buenos Aires, denunciando lo que consideran una persecución política, un fenómeno conocido como "lawfare". Según los manifestantes, la justicia está siendo utilizada para destruir a figuras políticas, en particular a la exmandataria.
Junto a Fernández, otros exfuncionarios y empresarios cercanos también fueron condenados por su implicación en el fraude. Lázaro Báez, el empresario de la construcción involucrado en el caso, también recibió una pena de cárcel. La defensa de Fernández continúa argumentando que las obras en cuestión fueron aprobadas y fiscalizadas por el Congreso de la Nación, y que la administración federal no tenía injerencia directa en su ejecución.
Si la Corte Suprema ratifica la condena, Fernández podría cumplir su pena en su hogar debido a su edad avanzada, una posibilidad que la ley argentina contempla para personas mayores de 70 años. Sin embargo, el futuro político de la exmandataria continúa siendo incierto, ya que su apelación podría prolongar la batalla judicial durante años.
El caso de Fernández sigue siendo un tema divisivo en la política argentina, donde sus seguidores defienden su inocencia, mientras que sus opositores sostienen que la corrupción fue un problema sistémico durante su mandato. A medida que avanza el proceso judicial, las tensiones entre ambas partes continúan intensificándose.
