Estados Unidos deporta a presunto criminal involucrado en Ayotzinapa
"Esperaron justicia por sus seres queridos", dice jefe del ICE tras deportación
Ariel Núñez Figueroa, mexicano de 30 años, fue deportado a México por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Acusado de secuestro y crimen organizado por el asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, Núñez cruzó el Puente Juárez-Lincoln en Laredo, Texas, donde fue entregado a las autoridades mexicanas.
"Durante casi once años, este fugitivo extranjero evadió a las autoridades mientras la familia y los amigos de esos 43 estudiantes que fueron brutalmente asesinados esperaban pacientemente justicia", afirmó Bret Bradford, director de la Oficina de Campo de Houston del ICE. Núñez había ingresado ilegalmente a EE. UU. en fecha y lugar desconocidos, pero el 3 de septiembre de 2024, Interpol alertó al ICE sobre su posible presencia en Houston. Seis días después, el 9 de septiembre, oficiales de operaciones de fugitivos lo detuvieron.
El ICE trasladó a Núñez desde el Centro de Procesamiento de Montgomery en Conroe, Texas, hasta la frontera. Un juez de inmigración ordenó su deportación el 22 de enero de 2025, tras verificar su estatus
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrió el 26 de septiembre de 2014, cuando un grupo de jóvenes provenientes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, fue atacado por la policía municipal de Iguala y presuntos miembros del crimen organizado. Los estudiantes se dirigían a la ciudad de Iguala para recaudar fondos para su escuela cuando fueron interceptados por las autoridades. Durante el ataque, seis personas fueron asesinadas y 43 estudiantes fueron detenidos por la policía y entregados a un grupo criminal conocido como Guerreros Unidos. Desde entonces, los jóvenes desaparecieron sin dejar rastro, lo que desató una crisis nacional e internacional sobre la violencia en México y la colusión entre autoridades y criminales.
La investigación sobre la desaparición ha estado marcada por irregularidades, omisiones y contradicciones, lo que ha generado desconfianza en las autoridades. A pesar de las versiones oficiales que intentaron cerrar el caso, la comunidad, las familias de los estudiantes y organizaciones internacionales han denunciado la falta de justicia. A lo largo de los años, nuevos hallazgos han puesto en evidencia la responsabilidad de diversas instancias del gobierno, y los esfuerzos por esclarecer los hechos continúan.