Piden mayor análisis de la reforma a la ley Infonavit

El pasado 6 de octubre, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa del Gobierno federal para reformar la ley del Infonavit que consiste en que el trabajador pueda usar su dinero de la subcuenta de vivienda, como más le convenga: comprar casa o terreno, construir o remodelar a la medida de sus necesidades, o usar su ahorro como garantía para tomar el crédito con el Infonavit o con otra institución si así lo prefiere. El Infonavit explicó que busca que los trabajadores usen su dinero para incrementar su patrimonio de vivienda, por lo que plantea reformar el artículo 3 para que puedan usar su dinero de la subcuenta de vivienda para comprar un terreno o suelo para construir su casa. También, reformar los artículos 41 y 50 para agregar específicamente el derecho de los trabajadores a recibir el monto de su crédito directamente y sin intermediarios. Se propone reformar el artículo 42 para que puedan los trabajadores usar su crédito para comprar un terreno o suelo, autoproducir su casa en un terreno de su propiedad, pagar los pasivos relacionados con vivienda y refinanciar un crédito ya adquirido con alguna otra institución financiera e incluso solicitar varios créditos durante su vida laboral. No obstante, de acuerdo con Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la iniciativa debe prever el impacto financiero y los riesgos que los nuevos esquemas puedan tener sobre los organismos. Señala que los legisladores no han dado información clara de la propuesta para reformar la Ley del Infonavit y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que busca establecer el derecho del trabajador a recibir directamente y sin intermediarios en los préstamos de la vivienda, además de dar créditos a las personas que no cuentan con empleo. Destaca que esta reforma requiere mucho análisis y una amplia discusión pública sobre su impacto en las finanzas del Infonavit y Fovissste, y la idoneidad de las propuestas para lograr los objetivos planteados, debido a que puede aumentar la cartera vencida y poner en riesgo a la institución. Agregan que la posibilidad de otorgar crédito a derechohabientes que no son trabajadores en activo, si bien puede ser un mecanismo de inclusión, es financieramente riesgosa y requiere de un plan claro de implementación y controles. En caso de que la reforma sea aprobada por el Poder Legislativo, el Instituto tendrá 120 días después de su publicación para dar a conocer las reglas para el otorgamiento de créditos y las normas de la reforma.