Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación( SCJN) quedó demostrado que sus derechos como pueblos originarios fueron violentados al no haber sido consultados para la construcción de la planta de amoníaco en un sitio ramsar de Bahía de Ohuira, manifestó Melina Maldonado, habitante de la comunidad indígena Lázaro Cárdenas, una de las comunidades que se encuentran dentro del área de impacto del proyecto.
Melina Maldonado, refirió que la empresa promotora del proyecto, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) no merece segundas oportunidades, esto ante la posibilidad de una nueva consulta en caso de que dicha empresa emprenda acciones legales para retomar el proyecto.
"En este caso si nos dictaminan esa consulta para el mismo proyecto ya no es de buena fé, ya no es previa, entonces porque tendríamos nosotros que meter pleito o que discutir ante las leyes que se nos respetara y quieran darle una segunda oportunidad al mismo proyecto".
La mujer indígena, miembro del colectivo ambientalista "!Aquí No!" quien se ha mantenido firme en la lucha contra la planta de amoníaco, refirió que la empresa promotora del proyecto tuvo la oportunidad de hacer la cosas bien, dentro del marco de la Ley y no lo hizo, señaló que desaprovechó la oportunidad al incurrir en actos violatorios, por lo que consideró que el proyecto quedó desfasado y tendrán que pagar las consecuencias.
En este sentido, aclaró no están en desacuerdo en que se consulte siempre y cuando esta se haga bajo lo dispuesto en el articulo 2 Constitucional, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas.
"Que les quede claro que las comunidades indígenas ya no estamos dormidos y para mi punto de vista GPO ya no merece ni SEMARNAT otorgarles una consulta al mismo proyecto".