Aumento de la Informalidad, un duro golpe al comercio
La situación del trabajo informal en México es un tema complejo y multifacético. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca del 60% de los trabajadores en México se desempeñan en empleos informales. Esto significa que más de la mitad de la fuerza laboral del país no tiene acceso a beneficios sociales, seguridad laboral ni protección contra abusos.
"Este segmento de la población que es fundamental también de acuerdo a la actividad que desarrollan tienen menos acceso algunos beneficios que tienen los comercios establecidos": Octavio De La Torre Stefano, tesorero de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México)
En el país, las empresas informales constituyen cerca de 90% y absorben cerca de 40% del capital y 55% del empleo. La mayor parte de las empresas informales son microempresas con menos de 10 trabajadores.
La informalidad puede ser una necesidad para muchos trabajadores, especialmente en áreas con alta desocupación o falta de oportunidades laborales.
La falta de protección laboral y seguridad social puede llevar a explotación y abusos.
La informalidad también puede limitar el crecimiento económico y la recaudación de impuestos.
En Sinaloa, el 48.3 % del empleo se encuentra en la informalidad.
Este fenómeno no solo afecta la estabilidad económica de los trabajadores, sino que también repercute en la competitividad de las empresas formalmente establecidas.
"En Sinaloa el 48.3 % se encuentra en este segmento de mercado gris de ambulantaje de informalidad, estamos hablando de 695 mil 364 personas": Octavio De La Torre Stefano, tesorero de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México)
Las empresas informales, al no cumplir con regulaciones fiscales y laborales, pueden ofrecer precios más bajos, lo que pone en desventaja a las empresas que sí operan de manera legal.
La informalidad reduce la base impositiva del estado, lo que limita la capacidad del gobierno para invertir en infraestructura y servicios que beneficien a las empresas y a la economía local.
Expertos consideran crucial la implementación de políticas públicas que fomenten la formalización de empleos y ofrezcan incentivos a las empresas para que operen dentro del marco legal, garantizando así un entorno más equitativo y sostenible para todos.
