La violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público.
El proceso electoral en México en el que se disputarán 15 gubernaturas, inició con más de 40 denuncias por violencia política en razón de género en 11 entidades del país en donde habrá elecciones el próximo 6 de junio.
En el caso de Sinaloa, son 3 las denuncias por violencia política en razón de género contra de alcaldes de los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán por ejercer violencia política hacia sus colaboradores.
A pesar de ello, los mismos personajes políticos que han ejercido violencia política buscan contender por una candidatura.
"Nada más hay un buen intento de que se acabe la violencia política de género porque hay una Ley pero la realidad es que esa Ley no la aplican".
Pero además, a pesar de haber sido sentenciados por el Tribunal Electoral de Sinaloa (TESIN) y a pesar también de las peticiones que recibió el Congreso del Estado por parte de organizaciones civiles para efecto de que se les iniciara juicio político, no prospero imponiéndose intereses de partido dejando de lado la solidaridad de mujeres violentadas políticamente.
"Lo cierto es que esos casos no caminaron y todo quedó en solo una sentencia porque los dos personajes están siendo postulados por esos mismos partidos para buscar nuevos cargos de elección popular".
Como consecuencia de una Ley que no se aplica para castigar a quienes ejercen violencia política, se espera que en este proceso electoral sean los ciudadanos quienes deberán analizar a conciencia a quién entregarán su voto este próximo 6 de junio.