El sexenio de Andrés Manuel López Obrador está llegando a su fin, y lejos de brindar apoyo al sector pesquero nacional, la eliminación de programas clave ha exacerbado la crisis que enfrenta esta industria.
La falta de medidas efectivas para fortalecer la pesca en México ha dejado al sector en una situación aún más precaria, lo que preocupa a los pescadores y a las comunidades que dependen de esta actividad."
En Sinaloa, la crisis que enfrenta el sector pesquero en Topolobampo ha llevado a los armadores del puerto a considerar abandonar la actividad.
La combinación de factores adversos, como el alto costo del combustible, la baja producción pesquera y el desplome de precios en el mercado, ha hecho que la pesca de altamar pierda rentabilidad.
Además, la falta de fuentes de financiamiento para iniciar cada temporada ha exacerbado la situación pues ha dejado a muchos pescadores sin recursos para reparar sus embarcaciones para el inicio de la pesca.
La pesca de altura es vital para la economía de la región norte de Sinaloa, ya que genera una importante derrama económica y fuentes de empleo.
La flota pesquera en el puerto se compone de 70 embarcaciones, cada temporada de pesca del camarón se reactivan más de 600 empleos directos y poco más de mil indirectos.
En 2023, la captura de altamar y ribereña de camarón produjo más de 50 mil 800 toneladas en todo el país, con valor de cuatro mil millones de pesos.
La lista de estados productores se encuentra encabezada por Sinaloa, al sumar 22 mil 700 toneladas, de las que ocho mil 400 toneladas fueron por captura de altamar y más de 14 mil 300 toneladas por embarcaciones menores.
Le siguen Sonora, con 11 mil 200 toneladas, cuatro mil 700 de altamar y seis mil 500 de embarcaciones menores, y Tamaulipas, con ocho mil 200 toneladas, cinco mil 300 de alta mar y dos mil 900 toneladas de embarcaciones menores.
Fue en 2020 cuando se eliminaron 21 de los 22 programas para la pesca con mínimo de 7 mil millones de pesos; actualmente sólo subsiste el programa de Bienpesca. Los programas cancelados son el de subsidio de dos pesos al precio del diésel, así como el del estímulo fiscal, modernización de embarcaciones pesqueras y el de inspección y vigilancia.
Si no se toman medidas urgentes para rescatar al sector, miles de familias podrían quedarse sin empleo y la región podría sufrir graves consecuencias económicas.