En esta entrevista, Miguel Urrutia, titular de la Unidad de Derechos Humanos en el municipio de Torreón, abordó las quejas de acoso policial que se han presentado desde 2013, con particular énfasis en un caso específico denunciado por Mónica Esparza.
Urrutia explicó que la unidad fue creada bajo la administración del alcalde Román Alberto Cepeda para atender las preocupaciones ciudadanas sobre los derechos humanos.
El funcionario detalló que, desde 2016, existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a las denuncias de violaciones, y la administración actual ha estado trabajando para dar seguimiento a estos casos. En el caso de Mónica, Urrutia confirmó que hubo una intervención policial reciente motivada por un reporte al C4 sobre presunta violencia familiar. Sin embargo, subrayó que los oficiales actuaron correctamente y no realizaron ninguna intervención más allá de lo necesario.
Además, destacó la importancia de la capacitación constante para todos los primeros respondientes, incluyendo policías municipales, agentes de tránsito y bomberos, para asegurar un trato adecuado y respetuoso hacia mujeres y niños, considerados grupos vulnerables. También mencionó que la unidad de Derechos Humanos está abierta a la ciudadanía para recibir quejas y asegurar que los derechos de todos sean respetados.
Miguel Urrutia enfatizó la transparencia y disposición de su unidad para dialogar con cualquier ciudadano, incluyendo la señora Mónica, para aclarar cualquier malentendido y asegurar que se haga justicia. La unidad se encuentra en el primer piso de la presidencia municipal, y Urrutia invitó a la ciudadanía a acercarse para cualquier tema relacionado con derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México rechazó la acción urgente dirigida por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas contra el gobierno mexicano porque está "descontextualizada".
La CNDH rechazó "que se viva una crisis de desapariciones en México y más aún que éstas sean consecuencia de una política de Estado".
"Consideramos que el posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país", indicó la CNDH en un comunicado.
Por primera vez, el Comité contra la Desaparición Forzada activó el viernes un procedimiento bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que podría llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU.
El presidente del CED, Olivier de Frouville, anunció esta decisión, tras recibir "información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México".
No obstante, la CNDH consideró que estos señalamientos "se apartan de lo que debiera ser un juicio serio de las condiciones que se viven actualmente en México".
Además, la Comisión indicó que "la presencia de misiones extranjeras o de medidas impuestas o recomendadas desde el exterior, han probado su poca eficacia y en ocasiones, incluso, la complicación de lo que se pretende remediar" frente a la problemática "innegable" de las desapariciones.
Habitantes denuncian la extracción indiscriminada de agua del canal que abastece al ejido Téroque El Fuerte, desviando este recurso para el riego de la parcela escolar del ejido 2 de Abril.
Este hecho ha generado gran preocupación entre los vecinos de la zona, quienes lo consideran un uso indebido del vital líquido, especialmente porque el canal no está operando ni al 20% de su capacidad total, lo que agrava aún más la situación.