Trump recorta fondos a universidades y desata crisis en educación
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado una decisión que pone en jaque a las universidades del país: restringir el financiamiento federal a la educación superior, afectando a instituciones de gran prestigio como la Universidad de Columbia y la Universidad de Pensilvania.
Esta medida marca el fin de décadas de colaboración entre el gobierno federal y las universidades, dejando en evidencia la gran dependencia de estas instituciones de los fondos públicos.
De acuerdo con un análisis de The Associated Press, el financiamiento federal ha representado hasta la mitad de los ingresos totales de algunas universidades especializadas en investigación.
En el año académico 2022-2023, casi 100 universidades que actualmente están bajo investigación por políticas de diversidad, equidad e inclusión, o por no hacer lo suficiente contra el antisemitismo, recibieron más de 33 mil millones de dólares en fondos federales. La suspensión de estos recursos podría afectar seriamente la producción científica y tecnológica del país.
Uno de los casos más críticos es el de la Universidad Johns Hopkins, que recibió 4 mil millones de dólares en fondos federales, lo que representa el 40% de sus ingresos. La mayor parte de este dinero se destinó a investigaciones en defensa, salud mental, neurociencia e inmunología. Sin embargo, la universidad enfrenta una investigación por antisemitismo que amenaza con recortar aún más su financiamiento. A principios de mes, la institución anunció el despido de 2 mil 200 empleados debido a la falta de recursos.
Otra institución golpeada es la Universidad de Columbia, que ha visto retenidos 400 millones de dólares por parte del gobierno de Trump, bajo el argumento de que no ha tomado medidas suficientes contra el antisemitismo en su campus.
La Casa Blanca ha condicionado la restitución de estos fondos a cambios en la política interna de la universidad. En el último año académico, Columbia recibió mil 200 millones de dólares en financiamiento federal, destinados principalmente a investigaciones en salud, envejecimiento, biología del cáncer y adicciones.
El Departamento de Educación tiene la facultad de suspender la financiación a universidades que violen las leyes de derechos civiles, pero debe seguir un proceso que incluye audiencias y notificaciones al Congreso.
Sin embargo, el gobierno de Trump ha optado por una estrategia más agresiva, imponiendo sanciones de manera inmediata y con poco margen para la negociación. Esto ha generado preocupación en el sector educativo, donde expertos advierten que se trata de una política basada en la intimidación.
La Universidad de Pensilvania también ha sido afectada, con la suspensión de 175 millones de dólares en fondos del Departamento de Defensa y del Departamento de Salud. Según la Casa Blanca, la medida responde a una revisión de los recursos destinados a las universidades y ha sido vinculada con la controversia sobre la participación de una nadadora transgénero en competiciones universitarias.
Estos recortes ya están teniendo efectos negativos en la educación superior. Algunas universidades han reducido la cantidad de estudiantes de posgrado aceptados, afectando el desarrollo de futuras generaciones de científicos e investigadores. Alyssa Johnson, estudiante de la Universidad de Purdue, señaló que la incertidumbre en el financiamiento la llevó a replantear su futuro académico y modificar su área de investigación.
Mientras las universidades enfrentan despidos, recortes en admisiones y la cancelación de proyectos de investigación, Trump ha defendido su política asegurando que las instituciones están cediendo a sus demandas.
"Ustedes ven lo que estamos haciendo a las universidades, y todas se están doblando", declaró el presidente. Sin embargo, expertos y defensores de la libertad académica advierten que esta estrategia podría debilitar gravemente la capacidad de Estados Unidos para mantenerse a la vanguardia en ciencia, tecnología y educación superior.