Este jueves funcionarios públicos del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas en compañía de miembros de la fuerza pública, ingresaron a las instalaciones de ArcelorMittal México.
La empresa acusó que lo hicieron con uso de violencia hacia el personal y sin una orden judicial que justificara su acto de molestia tendiente a realizar una clausura.
Señalan que en su comunicado de prensa, la autoridad municipal argumentó que esta clausura obedece a supuestas irregularidades como la falta de un Programa Interno de Protección Civil y adeudos por concepto del impuesto predial.
Al respecto, la compañía refirió que han cumplido cabalmente sus obligaciones fiscales y legales conforme a derecho.
En relación con lo anterior, recordaron que hace unos días Protección Civil Municipal le solicitó a ArcelorMittal México su Programa Interno de Protección Civil aplicable en las instalaciones de Lázaro Cárdenas, mismo que fue entregado en menos de 24 horas sin que al efecto hubiera existido una respuesta por escrito por parte de alguna de la autoridad.
En relación con los supuestos adeudos de impuesto predial a los que hizo referencia la autoridad municipal destacando que no ha cumplido con actualizar los valores catastrales de sus inmuebles durante los últimos 6 años y, por ende, que resulta exigible un cobro retroactivo por la cantidad de 132 millones de pesos además del incremento mensual aplicable, aclararon que la compañía ha cumplido cabalmente con los pagos.
Reiteraron que ArcelorMittal México ha solicitado a la autoridad municipal todos los permisos necesarios que exige la ley y ha cumplido con las condiciones, procesos y obligaciones requeridos cada vez que se ha llevado a cabo alguna instalación y/o construcción dentro del perímetro de la compañía.
Ahora bien, con independencia de que ArcelorMittal México no tiene adeudos de impuesto predial y que sí entregó su Programa Interno de Protección Civil, resulta importa señalar que desde el día 11 de julio de 2020, la Jueza Quinto de Distrito del Estado de Michoacán otorgó en favor de la compañía una suspensión en la que se indica que el ayuntamiento no podía tomar acciones en su contra.
"Por tanto, al haber realizado esta clausura parcial que tuvo verificativo el día de hoy a pesar de lo ordenado en la suspensión judicial otorgada en favor de ArcelorMittal México, las autoridades municipales que ordenaron y realizaron estos actos incurren en desacato por violar las instrucciones de un Juez Federal en contravención a las garantías constitucionales de la compañía", refieren en su comunicado.
Consideran que esto responsabilidad legal contra los que ejecutaron estas acciones con matices intimidatorios; por lo que ArcelorMittal México se reserva el ejercicio de las acciones legales conducentes para salvaguardar sus derechos constitucionales y fundamentales, así como el Estado de Derecho que debe prevalecer en el país y en nuestra comunidad.