El Consejo Supremo Indígena de Michoacán mantiene tomadas 5 carreteras federales en demanda de que el Gobierno Federal y Estatal atienda el rezago de las comunidades originarias de la entidad, además de sumar a sus peticiones el rechazo el posible aumento a las tarifas del transporte público.
La decisión de las movilizaciones fue tomada en Asamblea General de Autoridades realizada en la comunidad de Caltzontzin, mediante lo que denominaron Jornada de Lucha: Justicia Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas de Michoacán, las carreteras bloqueadas son:
1 Carretera Cheran-Zamora en Ichán.
2 Carretera Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio.
3 Carretera Paracho-Uruapan a la salida de Paracho.
4 Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas en Caltzontzin
5 Carretera Uruapan- Apatzingan en Arroyo Colorado.
En la movilización participan pobladores de 65 comunidades.
Desntro del pliego petitorio, exigen:
1.- No al aumento a las tarifas del trasporte público, toda vez que afectaría considerablemente la economía de las clases populares en un contexto de crisis económica y financiera, además de que ya fuimos perjudicados por el reemplacamiento.
2.- Al Gobierno Federal le solicitamos que implementen un Plan de Justicia para los Pueblos Originarios de Michoacán, tal y como el que realizó con los hermanos del Pueblo Yaqui, donde invirtió 11 mil 800 millones. Requerimos al Gobierno de la República que no discrimine, ni excluya a los pueblos indígenas de Michoacán.
3.- Al Gobierno de Michoacán le pedimos establezca la firma de un Convenio Interinstitucional de Justicia Social con los Pueblos y Comunidades Indígenas de Michoacán, donde las diferentes Secretarias de Estado destinen conjuntamente presupuestos, acciones y programas de alto impacto que permitan atender la pobreza histórica en la que vivimos los pueblos indígenas.
4.- Al Estado Mexicano exigimos garantice el derecho al agua de los pueblos y comunidades, no es posible que el Municipio de Paracho con 39,657 habitantes (INEGI 2020) mantenga más de 3 meses sin agua potable y que las comunidades de Cocucho, San Benito y Santa Rosa, entre muchas otras, desde hace muchos años no tengan agua potable y se encuentren abandonadas por el Estado mexicano.