La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Carolina Rangel Gracida informó que se trabaja en promover las reformas jurídicas que permitan ampliar las penas por abuso sexual en la entidad, a fin de mejorar la atención prestada a las supervivientes, dar acceso a la justicia y contribuir en frenar este tipo de violencia.
"La violencia sexual es un problema de salud pública en nuestro país y por instrucción del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán trabajamos en la propuesta de reforma sobre las leyes locales existentes, para ampliar las sanciones contra los agresores de tres a 10 años, y hasta 20 años en caso de abuso sexual infantil, lo que supone también un reconocimiento al daño provocado al bienestar físico y emocional de las víctimas", indicó.
Dijo también que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron mil 526 de delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, de los cuales, 524 son derivados de violación (con penetración) y 546 son por abuso sexual (que no necesariamente incluyen la penetración sexual); mientras que de acoso y/o hostigamiento sexual se registraron 190.
Rangel Gracida explicó que las niñas y mujeres constituyen la mayor parte de las víctimas de este delito y son más vulnerables a las consecuencias para la salud sexual y reproductiva, como embarazos no deseados, abortos inseguros y el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, como el VIH; además de las afectaciones sociales, físicas, psicológicas y emocionales, a las que también las víctimas masculinas están expuestas, y que pueden conducir hasta el suicidio.
Asimismo, las charlas en las escuelas sobre desmitificación del amor romántico y violencia en el noviazgo; la capacitación en educación sobre nuevas masculinidades y el programa: Viajo Segura, para prevención de violencia de género en el transporte público.