Este jueves se reforma la Ley de Salud en Michoacán
Esta mañana se anunció que el próximo jueves llegará al Congreso de Michoacán la iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado para garantizar la interrupción del embarazo gratuita en todos los hospitales públicos, si bien, este proceso ya era posible por el decreto que emitió el gobernador el pasado mes de octubre, con esta reforma quedará estipulado en la Constitución de Michoacán, lo que no generará ningún impedimento para las mujeres en llevar el proceso.
Fue el mismo gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, quien mencionó que en 2 días llegará a votación esta iniciativa y de acuerdo a la mayoría que se tiene por parte del partido Morena, esta pasará a implementarse. Dicha reforma garantiza los derechos reproductivos de las mujeres y asegura que ningún centro médico pueda negarse a realizar el proceso antes de las 12 semanas de gestación, detallando que se podrán negar, bajo el principio de objeción de consciencia los médicos, pero no las instituciones en sí, se tendrá que contar con personal que pueda realizar los procedimientos.
En la despenalización del aborto se especifica que dicho procedimiento respeta el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva y, de manera voluntaria, como consecuencia de una violación sexual sin que la usuaria lo haya denunciado a las autoridades competentes. En la Secretaría de Salud de Michoacán la atención será brindada por personal calificado con tecnologías apropiadas, incluido el manejo con medicamentos o procedimientos clínicos necesarios, servicios de anticoncepción posaborto, prevención de infecciones, entre otros. El gobernador recordó que en Michoacán el aborto no será perseguido ni investigado como delito de homicidio en razón de parentesco o relación.
Los servidores públicos o cualquier institución del Sistema Estatal de Salud del Estado que se manifiesten como objetores de conciencia y que se compruebe que en instituciones privadas de salud realizan el procedimiento de interrupción del aborto, serán acreedores a una sanción administrativa que corresponderá a la suspensión temporal en el desempeño de sus cargos, comisiones o empleos.