La mañana de este martes, se firmó el paquete de reformas en materia de obligaciones alimentarias que se enviará al Congreso del Estado para su aprobación y endurecer las sanciones en contra de los deudores, pues pasará de ser de 6 meses a 3 años de prisión, a actualizarse con esta reforma de 3 a 5 años. También implica limitantes para quienes se nieguen a pagar las pensiones de sus hijos, una de ellas es que no podrán acceder a cargos públicos, municipales, estatales o federales.
Esta reforma llevará la modificación a 50 artículos correspondientes a 13 leyes y dos códigos, este acto se respalda en que en Michoacán 5 de cada 10 niños y adolescentes no reciben pensión posterior al divorcio de los padres, mientras que tres de cada cuatro hijos de padres separados enfrentan la misma situación. Se garantiza en esta reforma la provisión de alimentos a las mujeres y sus hijos con la coordinación entre las instituciones públicas para garantizar el acceso a las pensiones de los niños y adolescentes michoacanos.
El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que en el país es difícil que se apruebe una reforma, pero es todavía más difícil que se apliquen y se sancionen, por lo que pidió a las mujeres una participación masiva para que en Michoacán esto comience a cambiar. Destacó que los jueces y magistrados están obligados a dar las altas y bajas en el registro de deudores del Estado. En caso de querer contraer matrimonio, se tiene que informar si existe algún registro como deudor alimentario.