Con las modificaciones a las funciones de la Guardia Civil y el Reglamento Estatal de Tránsito, los elementos estatales quedaron sin facultades para emitir multas de tránsito, siendo ahora los municipios quienes se encargarán de la vialidad y recaudación.
Las Leyes de Movilidad y de Justicia Cívica, establecen que las infracciones serán calificadas por jueces cívicos, tal como se hace en Morelia, en donde el ciudadano acude con su papeleta, la presenta ante un juez y éste califica la cantidad de UMAS a pagar.
"Se van a dedicar a temas de seguridad. Es un cambio radical, pero es un tema que nos está exigiendo la ciudadanía? Nosotros no tenemos como lógica el tema de las infracciones como tema recaudatorio". Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.
La finalidad es evitar actos de corrupción que puedan resultar en extorsión a los conductores, debido a la gran cantidad de denuncias ciudadanas en contra de uniformados por actos de extorsión.
Desde el pasado 7 de diciembre, el Congreso otorga 180 días para realizar las adecuaciones correspondientes y establecer juzgados cívicos en los municipios. Sin embargo, a la fecha solo Morelia ha buscado al Poder Judicial de Michoacán por asesoría.
"Cuando se pida, capacitar a estos servidores públicos. Tendríamos que ver la forma, en que podríamos darle ese servicio a los 112 municipios". Jorge Reséndiz García, Magistrado Presidente del Poder Judicial de Michoacán.
El Poder Judicial de Michoacán, se ha dicho dispuesto a participar en la conformación de los Juzgados Cívicos, al estar también obligado por la ley, para que se riegan con el mayor apego a la norma.
Las modificaciones entraron en vigor el 1 de enero de 2024, por lo que los municipios tienen el tiempo encima en temas de multas, no obstante, el Congreso dio de plazo hasta junio para la instalación de los juzgados.