Impulsarán Ley Sabina en Michoacán contra deudores alimentarios
La falta de pago de las pensiones alimenticias representa una violación a los derechos de la niñez, pero también constituye una forma de violencia contra las mujeres; la violencia económica y el reforzamiento de las masculinidades hegemónicas.
Así lo afirmó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Tamara Sosa Alanís, durante el Primer Congreso por los Derechos de las Mujeres, Infancias y Adolescencias contra las Violencias Alimentarias, realizado en coordinación con Deudores Alimentarios Michoacán.
En compañía de integrantes del Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, la secretaria explicó que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020, hay 410 mil 986 madres autónomas en Michoacán, que representa un 32% de los hogares.
Sosa Alanís informó que tan sólo en el primer semestre del presente año se han registrado en Michoacán 8 mil 207 casos de violencias contra las mujeres, de los cuales, el 18.33% corresponde a violencia económica, el 30.29% a física, el 9.17% a patrimonial y el 42.19% a psicológica, siendo el grupo de edad de 19 a 40 años el más afectado, con el 68.7% del total.
Dijo que la Seimujer ha atendido mil 432 mujeres y ha brindado 3 mil 040 atenciones psicológicas, mil 920 asesorías jurídicas y 169 trámites de pensión alimenticia representados, además de la atención a menores de edad por violencia; 31 niñas, 27 niños, 36 adolescentes mujeres y 14 adolescentes hombres.
Por ello, reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano con mujeres organizadas para la formulación de acciones y estrategias que fortalezcan a las madres autónomas e impulsen la igualdad sustantiva en el estado.
Diana Luz Vázquez, integrante del Frente e impulsora de la Ley Sabina, compartió la importancia de generar una cultura de la demanda en materia familiar que disminuya el desequilibrio social que obliga a las mujeres a transitar la maternidad solas, con triple o hasta cuádruple jornada laboral, debido a la nula o reiterada falta de pago de pensión alimentaria.
