Miguel López Miranda, quien ocupó el cargo de secretario de Finanzas de Michoacán durante el periodo de Salvador Jara como gobernador, será inhabilitado por ocho años, además de una sanción económica por 572 millones 15 mil pesos.
Esto, luego de que se diera a conocer este martes la resolución de un amparo que presentó ante instancias federales y que le fue negado ante la resolución administrativa del 17 de enero de 2017, dictada por la Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán.
Omar Liévanos Ruiz, magistrado ponente, fue el que resolvió que en el caso de los procedimientos administrativos de responsabilidad de los servidores públicos, cuando no se dicten las resoluciones definitivas en los plazos previstos, se aplica la caducidad, por lo que su amparo no prosperó.
El amparo lo buscaba debido a que se le acusa que en su carácter de Secretario de Finanzas autorizó y firmó la cesión de derechos de un fideicomiso sin tener autorización de la Junta de Gobierno del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán y sin que se elaborara un expediente técnico ni mediara avalúo actualizado el cual determinara el valor real de lo cedido; recibiendo como contraprestación la cantidad de 70 millones de pesos.
Con ello se generó un detrimento económico al patrimonio del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán por un total de 1,144 millones de pesos.
Cabe mencionar que López Miranda pretendía ser parte de la terna que hace meses aspiraba a ser rector de la Universidad Michoacana y señalaba que estos procedimientos en su contra no opacarían sus pretensiones.