Necesaria seguridad para estacionamientos públicos

En Morelia es el Ayuntamiento el que regula la instalación de estacionamientos públicos, los cuales deben ajustar sus tarifas a acordé a factores de infraestructura y ubicación.

De acuerdo a la última aprobación que se tiene registro, la tarifa mínima por hora es de 8 pesos y la máxima de 15 de acuerdo a dichos factores.

"Sí las tarifas son reguladas por el Ayuntamiento, ellos ponen, ora sí que ellos tienen así como un tarifaría en el cual pues tienen un rango de tarifas donde dicen que hasta aquí puedes poner lo mínimo y lo máximo", apuntó Claudia Pérez, trabajadora de un estacionamiento público en Morelia. 

Entre las ventajas que existen al utilizar estos establecimientos es la seguridad que se le da a los vehículos, sin embargo esta no siempre está garantizada.

"El carro esta en la sombra y a parte se hace responsable el estacionamiento de cualquier siniestro o cualquier cosa que le pueda pasar al carro siempre y cuando esté dentro del estacionamiento y a la hora que se quedó aquí", añadió. 

"Los estamos cuidando, pero sí no podemos contra la delincuencia también. A veces a nosotros mismos nos pega en algún momento, por ejemplo en este estacionamiento han asaltado tres veces", indicó Sergio Gómez, tabién trabajador. 

Actualmente en Morelia existen alrededor de 200 estacionamientos públicos, de los cuales cerca del 60% cumplen con la reglamentación, como lo es contratar un seguro para los daños que pueda sufrir un vehículo; mientras que el otro 40% trabaja en la irregularidad.

"De hecho sí deberían de hacer estacionamientos más amplios, por ejemplo aquí en el mercado independencia fue un estacionamiento grande y sí tenía mucha movilidad, mucho movimiento, pero pues ahora con el incendio que tuvieron pues lo están renovando y reparando y es ahí donde mucha gente aprovecha para estacionar sus vehículos", comentó Jonas Suárez, trabajador de otro estacionamiento. 

Con la finalidad de regular los estacionamientos públicos de todo el estado, en la actual LXXV Legislatura se presentó una iniciativa con la que se buscaba que todos estos establecimientos estuvieran obligados a hacerse responsables por daños o robos a los vehículos, sin que ésta fuera aprobada.