Michoacán fue el primer estado en aprobar el autogobierno indígena, plasmándolo en la constitución estatal.
Con esto se reconoce la creación del cuarto orden de gobierno, la incorporación de la asamblea como máxima autoridad comunal, reconocimiento de las faenas como aportación al gobierno comunal, reconocimiento de kuarichas, rondas o rondines en la ley de Seguridad Pública.
"En Michoacán se reconocen 22 derechos que les asiste a las comunidades entre ellos por supuesto el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público con propia personalidad jurídica y patrimonio propio", declaró Carlos Torres Piña, titular de la Secretaría de Gobierno de Michoacán.
En Michoacán se reconocen 344 comunidades por parte del gobierno estatal, de las que en 2021 12 tenían autogobierno, mientras que actualmente 43 cuentan con este sistema comunal y se espera que 15 más accedan a esta forma de gobierno.
Además, desde la federación se aportarán recursos para las comunidades, donde Michoacán contará con 469 millones para repartir: 20% del recurso en igualdad entre las comunidades, 50% de acuerdo a la población y el 30 por ciento restante con base en el rezago social.
"Reconocen a Michoacán como una de las entidades que en su reforma constitucional en materia indígena está más allá de las propias dinámicas que se revisaron en la reforma constitucional federal", añadió el secretario de gobierno.
Sin embargo, esto no coincide con los datos del Consejo Supremo Indígena de Michoacán que señala existen 500 comunidades indígenas en el estado, que dependiendo su población deberían poder acceder al recurso.
"La idea es que poco a poco se vayan integrando más comunidades y estas 500 puedan tener el autogobierno. (...) Consideramos que es un proceso que en Michoacán llegó para quedarse, consideramos que es un proceso ya imparable", apuntó el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Ulianov Guzman.
Comunidades pequeñas de 300 habitantes deberían poder acceder a 1 millón y medio de pesos, mientras que las de mayor población de entre 4 y 5 mil personas podrían acceder hasta a 20 millones de pesos de acuerdo con los cálculos del propio Consejo.
"Los ayuntamientos nunca les dan presupuesto suficiente a los pueblos, siempre les dan migajas o sobras, entonces lo que hace este presupuesto directo, este autogobierno, o esta autonomía es exigir conforme al número de habitantes, por eso creemos que es uno de los mejores caminos", finalizó.
Para muchas niñas, niños y adolescentes en México, la adopción representa una oportunidad invaluable: la posibilidad de crecer en un entorno seguro, estable y afectuoso, con una familia que les proporcione cuidados, compañía y un verdadero sentido de pertenencia.
En un país donde la desigualdad, la violencia intrafamiliar, el abandono y la pobreza continúan afectando gravemente a la infancia, la adopción puede marcar una diferencia radical en la vida de un menor.
Sin embargo, detrás de cada adopción exitosa existe un proceso complejo, largo y profundamente regulado, que busca ante todo proteger el Interés Superior de la Niñez.
Este principio, consagrado en la Constitución mexicana y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que todas las decisiones y actuaciones del Estado, las instituciones y la sociedad deben estar orientadas al bienestar integral de los menores.
Así, adoptar en México no se trata únicamente de un acto de voluntad, sino de un proceso jurídico, psicológico y social que implica evaluaciones rigurosas, acompañamiento institucional y el compromiso claro de construir vínculos afectivos duraderos.
El proceso de adopción
El procedimiento para adoptar en México está regulado por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por normativas estatales.
El proceso incluye múltiples etapas: desde entrevistas y estudios socioeconómicos, hasta evaluaciones psicológicas y la presentación de un sinfín de documentos. Una vez concluido ese diagnóstico, si la persona es considerada apta, se le otorga un Certificado de Idoneidad.
Según el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), para iniciar el trámite de adopción a nivel nacional, los solicitantes deben cumplir con requisitos establecidos por el Código Civil de la Ciudad de México.
Entre los requisitos se encuentran ser cónyuges con al menos dos años de matrimonio, concubinos con una convivencia ininterrumpida de dos años, personas solteras mayores de 25 años, o el tutor de un pupilo.
Las parejas del mismo sexo tienen el mismo acceso al proceso de adopción sin discriminación alguna. Los solicitantes deben asistir al "Curso de Inducción" impartido por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se abordan aspectos psicosociales, administrativos y judiciales de la adopción.
La adopción homoparental es legal en la Ciudad de México y en 20 estados más, lo que refleja un avance en la inclusión de las parejas del mismo sexo en el sistema de adopción. Entre los estados que permiten la adopción homoparental están la Ciudad de México, Coahuila, Puebla, Chiapas, Querétaro, Yucatán, y más, con la legislación federal asegurando que las parejas del mismo sexo tienen derecho a adoptar en todos los estados que lo permiten.
Aunque el proceso puede variar según las leyes locales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ofrece detalles específicos sobre los requisitos y procedimientos en cada entidad federativa.
Estadísticas de adopción: un panorama difícil
A pesar de los esfuerzos para promover la adopción, las cifras de adopciones concluidas siguen siendo bajas en comparación con la cantidad de menores que esperan ser adoptados.
Según un informe del DIF Nacional, durante el segundo semestre de 2024 se recibieron 44 solicitudes de adopción (41 nacionales y 3 internacionales), pero solo se concretaron 2 adopciones, es decir, solo una niña y un niño encontraron una nueva familia durante ese periodo.
En contraste, durante el semestre anterior, entre julio y diciembre de 2023, se recibieron 52 solicitudes nacionales y 18 adopciones concluidas. Aunque esta cifra muestra una ligera mejora, los números siguen siendo insuficientes.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), 53 mil 862 menores vivían en centros de este tipo, incluidos más de 22 mil en casas hogar, más de 6,000 en centros de rehabilitación y cerca de 2,600 en albergues para migrantes.
Muchos de estos menores no han perdido a sus familias, sino que se encuentran en estas instituciones porque sus hogares no cuentan con las condiciones necesarias para ofrecerles el cuidado adecuado.
Este panorama revela una situación crítica: los niños y adolescentes siguen siendo una población vulnerable que necesita un sistema de adopción más eficiente. Mientras persisten las altas cifras de institucionalización, la adopción sigue siendo una solución poco accesible para muchos menores.
El sistema de adopción debe transformarse para hacer frente a estas dificultades y garantizar que los menores en espera de ser adoptados tengan mayores oportunidades de encontrar un hogar estable.
La importancia de las casas hogar y el impacto en el proceso de adopción
Según la organización civil Consejo Cívico, Las casas hogar, también conocidas como centros de asistencia social o de acogimiento residencial, son espacios donde niñas, niños y adolescentes permanecen cuando han sido separados de su familia de origen por razones como fallecimiento, pobreza extrema, violencia, adicciones o problemas de salud mental en su entorno.
Aunque en teoría estas instituciones deben ser una medida de último recurso y por el menor tiempo posible, en la práctica siguen siendo la primera respuesta del Estado ante la vulneración del derecho de niñas y niños a vivir en familia.
Estas casas pueden ser públicas o privadas. Según datos de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF), en 2020 en México había 946 casas hogar: 217 de carácter público y 729 privadas.
Todas ellas forman parte del Sistema de protección especial del Estado, lo que significa que, sin importar su origen o financiamiento, los menores están bajo la guarda y custodia del gobierno mientras permanecen allí. Sin embargo, las fuentes oficiales no detallan con precisión cómo se financian estos espacios, especialmente en el caso de las instituciones privadas.
El ingreso a una casa hogar puede darse por decisión de la familia (cuando se reconoce que no existen condiciones para el cuidado adecuado) o por mandato de una autoridad que actúa en protección del menor.
Es importante subrayar que la mayoría de niñas, niños y adolescentes institucionalizados no son huérfanos. Por tanto, estos espacios no son orfanatos en el sentido tradicional, sino instituciones de acogida temporal donde se intenta restituir los derechos vulnerados.
El acogimiento familiar es una medida transitoria, mientras que la adopción representa una solución definitiva. Sin embargo, México enfrenta grandes retos en la implementación de estos modelos, pues la falta de estructuras, apoyos y políticas públicas robustas ha perpetuado la institucionalización como norma, en lugar de excepción.
A pesar de los obstáculos, la adopción sigue siendo una opción valiosa para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.
Por ello, expertos y organizaciones insisten en la necesidad de reforzar los sistemas de adopción, profesionalizar a las autoridades competentes y promover campañas de sensibilización sobre la adopción de menores mayores, grupos de hermanos y adolescentes.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que el interés superior del menor debe guiar todas las decisiones que les afectan. Adoptar, entonces, no solo es un acto de amor, sino también un compromiso social y ético con el futuro de la infancia mexicana.
Mientras eso ocurre, miles de niñas y niños siguen esperando una oportunidad para crecer en un hogar que les brinde cariño, protección y una nueva historia.
El caso en investigación del homicidio de estudiante normalista, Carlos Eduardo, dio nuevos resultados, hay 3 órdenes de aprehensión más, tras la detención de uno de los autores principales de este asesinato. De acuerdo al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, la Fiscalía General de Michoacán ya tiene detectadas a las otras 3 personas implicadas en el hecho, uno de ellos es también estudiante de la Escuela Normal Rural "Vasco de Quiroga".
Detalló que hay órdenes de cateo que llevará a cabo la Fiscalía en la Normal de Tiripetío, es solo en esta sede donde se inspeccionarán las instalaciones para esclarecer los hechos, buscar pistas que ayuden a las autoridades a dar con todos y cada uno de los responsables en este hecho. El mandatario señaló que, se está actuando con prontitud en este caso y que es un hecho no repetible en otras instituciones, sino que es un tema particular del plantel Vasco de Quiroga. Al momento ya se tiene detenida a una persona, fue aprehendido el pasado jueves y se destaca que es la última persona con quien se sabe que el estudiante asesinado tuvo contacto el día 13 de abril que desapareció.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán: "Los normalistas se han opuesto a este cateo, ya será la Fiscalía cómo lo podrá llevar a cabo, pero lo sobresaliente que ya se tienen identificados a los posibles responsables".
El estudiante salió de la institución alentado por un compañero el 13 de abril, mismo compañero que está implicado en el hecho de acuerdo a las investigaciones y datos recopilados hasta el momento por la Fiscalía del Estado. Posteriormente, uno de los estudiantes regresó al lugar, pero el fallecido ya no fue localizado, hasta días después en los que se encontró el cuerpo del joven de 21 años de edad originario de Pichátaro.
La Loma de Santa María en Morelia, en la zona de Altozano, es una de las áreas verdes que se están viendo más afectadas por los incendios este 2025, aunque durante algunas semanas, en las que estuvieron reavivándose las llamas, se pensaba que era por las altas temperaturas que el pastizal se encendía, la Secretaría del Medio Ambiente municipal, detectó recientemente que estos son provocados.
En menos de un mes se detectaron al menos 3 incendios en la zona, Juan Carlos Vega detalló que se atendieron de manera puntual no solo por elementos de Morelia, sino del Estado, tras varias activaciones de las llamas de manera recurrente se procedió a investigar el hecho y se concluyó que hay un vecino en la zona que le prende fuego a la Loma sin motivo alguno, por el simple hecho de que se vea consumida, actualmente ya se busca proceder legalmente contra este delito ambiental. Detalló que el hombre que hace estas quemas al parecer tiene como objetivo desestabilizar a los cuerpos de bomberos y mantenerlos ocupados en esta zona.
Juan Carlos Vega, secretario de Medio Ambiente: "Se trata de una persona que no goza de sus facultades mentales, pasa por ahí el tema, tiene un problema ahí de salud y pues que ven en esta generación de caos una causa y el hecho de pues lo esté encendiendo recurrentemente pues no responde al tema de un tema de alguna naturaleza que tenga que ver con cambio del uso de suelo".
El área se encuentra al sur de la ciudad de Morelia, Sus coordenadas geográficas del punto central son: 19° 41´10" de latitud norte y 101°10´52" de longitud oeste. Al norte colinda con el fraccionamiento Club Campestre, colonia bosques de camelinas y Prados del Campestre, al oeste la colonia La Loma, al sur fraccionamientos residenciales, al sureste se localiza la cuenca del Rio Chiquito.
