El Congreso de Chiapas, hasta ahora, no ha hecho uso de sus facultades constitucionales y legales para dar seguimiento puntual de los recursos públicos y las acciones emprendidas tras la pandemia, y sólo se ha limitado a hacer exhortos a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) a fin de que vigile que no aumenten los precios de la canasta básica y de insumos médicos.
Sin embargo, las y los diputados no han utilizado sus facultades para crear Comisiones Especiales para ayudar a la ciudadanía, tal y como sucedió el pasado 2017, con el sismo de 8.2 grados que afectó a gran parte del territorio chiapaneco.
La Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC) de Transparencia Mexicana se sumó al Mecanismo de seguimiento de planes, programas y acciones para la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, conocido como #SusanaVigilancia.
Analizaron las acciones de los 34 órganos legislativos del país (32 congresos locales y dos órganos federales) en términos del uso de sus facultades constitucionales y legales para dar seguimiento puntual de los recursos públicos y las acciones emprendidas tras la pandemia.
Aunque en materia de la emergencia sanitaria se han realizado exhortos y han comparecido funcionarios federales y estatales ante el congreso federal y locales, a más de 100 días de la declaratoria de emergencia, sólo dos Congresos locales han creado comisiones especiales para atender crisis ocasionada por COVID-19, en ellos, no figura el Congreso del estado de Chiapas.
Las Comisiones Especiales son órganos colegiados cuya tarea es la de atender, investigar y observar asuntos de interés público y con ello, ayudar a la población que así lo requiera, tal y como se ha realizado durante hechos inesperados como el pasado 2017, con el sismo de 8.2 que sacudió al estado de Chiapas.
Aunque, la creación por sí sola de la comisión no garantiza la vigilancia de los recursos por parte del legislativo.
