La economía informal continúa siendo una realidad compleja en México, generando un impacto significativo en el comercio formal, con repercusiones que se extienden a nivel nacional. Actualmente, se estima que cerca del 55% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que representa alrededor de 31 millones de personas en actividades no reguladas. Este fenómeno supone una competencia desleal para los comercios formalmente establecidos, que enfrentan mayores costos operativos y obligaciones fiscales.
El impacto de la economía informal en el comercio establecido es evidente en cifras recientes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que calcula que la economía informal le cuesta al país más de 2.4 billones de pesos anuales en pérdidas. Esto representa un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, reflejando la magnitud de los ingresos que se canalizan fuera de la economía formal.
Esta competencia desigual impacta a los comercios formales, que deben cumplir con licencias, regulaciones de salud, seguridad y pago de impuestos, generando un entorno desigual que desincentiva la inversión y afecta la creación de empleos formales.
El impacto se observa con mayor intensidad en sectores de alimentos, textiles y servicios minoristas, donde la competencia con el comercio informal reduce la rentabilidad de los negocios formales y, en algunos casos, provoca el cierre de establecimientos. Según cifras de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), en 2023, hasta el 40% de los pequeños comercios reportaron haber sufrido una reducción en sus ventas debido a la competencia informal. En Nogales se iniciara una reforma en el reglamento de la venta en la vía publica.
Las organizaciones empresariales continúan instando a las autoridades a reforzar la vigilancia y las políticas públicas que fortalezcan el comercio formal, incentivando la transición de los trabajadores informales al sector formal, lo que no solo reduciría la competencia desleal sino también generaría ingresos adicionales al fisco y mejores condiciones laborales para miles de personas