El Instituto Nacional Electoral por más de 3 décadas ha organizado 330 procesos electorales, conformado por 300 juntas distritales, el Plan B que ya opera traerá consecuencias no solo laborales para los más de 6 mil trabajadores que operan el INE a nivel nacional. El Plan B, contempla sanciones menores 5 mil UMAS, para aquellos candidatos y partidos políticos que excedan los recursos en su tope de campaña, cuando en la antigua ley el candidato podía perder su registro en la contienda electoral, lo que significa que podrían omitir informar sobre los gastos de su proyecto electoral sin mayores consecuencias. Lo anterior solo son algunas observaciones encontradas en el plan B, que pondrán en duda la transparencia del próximo proceso electoral, mientras se define la postura de la suprema corte, el INE tiene que acatar los lineamientos, y no hay certeza de la eficiencia en los servicios que se presenten