El pasado 13 de mayo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció el plan de la nueva normalidad, un proyecto establecido en tres etapas para retomar las actividades económicas, sociales y educativas; destacando en la tercera etapa la aplicación de un semáforo de riesgo, que arrancó el pasado 01 de junio, sin embargo, 13 días después, la propia Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero le inyectó polémica a esta estrategia federal con una declaración autoritaria, en la que especificó que lo habría oportunidad de realizar semáforos regionales.
El semáforo de riesgo inició en México con 31 entidades federativas en rojo y únicamente el estado de Zacatecas en naranja, por lo que, a tan sólo 5 días de que arrancó la nueva normalidad, los gobernados de la región Centro-Bajío-Occidente se postularon tajantemente en contra del semáforo de federal, argumentando que se construyó de manera unilateral, por lo que decidieron aplicar su propio semáforo los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Nayarit, Colima y Zacatecas.
Al día de hoy, el semáforo federal marca a todo el país en un máximo riesgo de COVID-19, es decir, todos los estados se mantienen en rojo, lo que significa que las actividades no esenciales deben ser limitadas: hoteles abiertos con un aforo del 25%, restaurantes y cafeterías abiertos con servicios únicamente para llevar, estéticas y barberías deben permanecer cerradas y con servicio a domicilio, parques y plazas abiertos con aforo del 25%, mercados y supermercados abiertos con aforo del 50% y los deportes profesionales pueden tener juegos pero con estadios vacíos.
Los criterios de semaforización deben tomar en cuenta los casos nuevos de Covid-19, la disminución de muertes, los ventiladores ocupados por casos IRAG diarios y la capacidad de camas hospitalarias, de esta manera, los sectores habilitados hasta el momento en el Estado de Guanajuato son: Calzado vestido y confección, servicios de apoyo a negocios, restaurantes y hospedaje, comercio al por menor y plazas comerciales al 30%, así como servicios profesionales de bajo riesgo y comercio al por mayor al 75%, además de los considerados esenciales como el automotriz, la construcción y la agroindustria, puntualizando, que la principal diferencia entre uno y otro semáforo radica prácticamente en los porcentajes de aforo.