La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que garantiza que el salario mínimo de maestros, personal médico, de enfermería y fuerzas de seguridad no podrá ser inferior a 16,777 pesos mensuales. Si bien suena digno para los elementos de policía, la realidad es que no todos los municipios podrían tener esa capacidad económica.
La Cámara de Diputados aprobó la modificación al artículo 123 constitucional, reforma que busca equiparar los ingresos de maestros, personal médico, de enfermería y fuerzas de seguridad, al salario base de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que el año pasado se ubicó en un promedio de 16,777 pesos al mes, con ajuste a la inflación proyectada para 2024. Actualmente, los maestros de nivel básico perciben en promedio 12,500 pesos mensuales, mientras que los policías ganan aún menos, alrededor de 6,800 pesos al mes.
Sin embargo, la implementación de esta reforma plantea desafíos financieros importantes, particularmente para los municipios que deberán ajustar el salario del personal de seguridad pública. En el caso de los ayuntamientos, donde los recursos son más limitados, garantizar que los policías municipales reciban este salario mínimo podría presionar significativamente sus presupuestos.
Para muchos municipios, especialmente los de menor capacidad económica, el aumento salarial podría representar un reto en términos de sostenibilidad financiera, lo que obligaría a los gobiernos locales a buscar nuevas fuentes de ingresos o a redirigir recursos de otras áreas. Se espera que, en los próximos meses, se discutan medidas adicionales para asegurar que los ayuntamientos puedan cumplir con esta nueva obligación sin comprometer otros servicios públicos.
Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la homologación de salarios de estos servidores públicos tendrá un impacto presupuestario de alrededor de 39,864 millones de pesos.