La actual situación que atraviesa el país y el Estado de Sonora, nos exige la colaboración de
todos los sectores, como los poderes públicos, la iniciativa privada y la sociedad civil para
buscar soluciones conjuntas que promuevan el correcto funcionamiento de todos los motores
de la economía, y así poder hacer frente a los distintos retos sanitarios y sociales.
En ese sentido, como organismos nos preocupa que en LXII Legislatura Local se procesen
temas de impacto directo para distintos sectores económicos, mismos que son contrarios al
objetivo de mantener los empleos y generar acciones en favor de la recuperación económica,
acciones con las que se alejan de ser un Parlamento Abierto.
Un ejemplo de lo anterior, es el la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Adiciona Diversas
Disposiciones a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, presentada por la Diputada por
MORENA, Miroslava Lujan López; en particular, preocupa el hecho que sin una argumentación
sólida se pretenda prohibir la venta de una serie de alimentos y bebidas a menores de edad.
El proyecto legislativo surge del objetivo loable de contrarrestar los efectos negativos del
sobrepeso y la obesidad en la población mexicana; no obstante, se estará legislando una
materia que corresponde exclusivamente a la Federación por lo que de aprobarse el proyecto
legislativo que nos ocupa implicaría una controversia jurídica.
En particular, observamos que las acciones que se pretenden prohibir son actos mercantiles
cuya prohibición generaría una violación al Artículo 5º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia de libertad de comercio de una actividad
lícita, y se violarían diversas disposiciones de la Ley de Infraestructura de la Calidad, misma
que establece el libre comercio de productos que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas.
Consideramos que la medida generaría un alto impacto económico negativo en toda la
cadena de valor de la industria agroalimentaria, incluyendo productores artesanales y
pequeños comercios, los cuales nos permitimos enlistar a continuación:
? Afectación directa a miles de comercios, en particular a micro y pequeñas
empresas como misceláneas, abarrotes, loncherías, fondas, taquerías, entre
otros. Lo anterior, derivado a que alrededor del 60% de los ingresos dichos negocios
dependen de la venta de alimentos y bebidas, condición que generaría una significativa
pérdida de empleos directos e indirectos.
? Adicionalmente, la prohibición tendría un impacto directo en los pequeños y medianos
productores de cacao, chocolate, frutas deshidratadas, lácteos, cárnicos,
productos a base de cereal, entre otros, condición que no sólo no resolverá el
problema de sobrepeso y la obesidad, sino que incentivaría el mercado informal e
impactará negativamente a las familias del Estado.
? No omitimos señalar que en estos momentos el país se encuentra en una crisis
económica profunda, la cual principalmente afecta a los pequeños comercios. Tan sólo
a nivel nacional se estima que derivado de esta situación ya han cerrado más de
150 mil tiendas de abarrotes, por lo que esta política pondría a ese sector en Sonora
en máximo riesgo.
Esta visión es coincidente con la planteada por el Gobierno Federal, a través del Presidente
Andrés Manuel López Obrador, quien en septiembre de 2020 comentó lo siguiente: "Soy
partidario de que se oriente, de que se dé información. Yo sostengo, lo he dicho aquí muchas
veces, que no se deben de prohibir las cosas, prohibido prohibir, lo más importante es crear
conciencia, no prohibiciones. Entonces, orientar para que haya una buena alimentación (?)"
En este sentido, también pedimos que en lugar de restricciones haya apertura al diálogo y
exhortamos al Congreso del Estado a no castigar a los comerciantes locales y posponer
la discusión de la reforma propuesta, en tanto no se realiza un análisis integral de la
misma y se promueve un diálogo con los distintos sectores económicos y sociales del
Estado de Sonora que se verían gravemente afectados por la misma.