En 2022 la promesa del Gobierno Federal era el entregar programas de vivienda que se sumaran al Plan de Justicia Mayo. Sin embargo los resultados no son los esperados.
A mediados de 2023, se inició con el programa de Vivienda Social por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, iba dirigido a familias de pueblos originarios en extrema pobreza.
Silvia Andrade, originaria de Jitonhueca en Etchojoa fue una de las acreedoras al programa en la modalidad de autoproducción, sin embargo la propia Conavi los engañó para firmar un contrato en el que el recurso otorgado de 180 mil pesos les fuera transferido y asignado a una constructora afín a ellos.
El resultado fueron estructuras incompletas, sin enjarre, un tejaban sin terminar, ausencia de cableado eléctrico y cuyo costo refleja el 50% menos de lo que se les entregó.La constructora no ha aparecido desde diciembre.
Para ella y sus familia, lo que representaba justicia hoy se asocia una vez más a actos de corrupción, se habla de decenas de indígenas en la misma situación.
En Álamos el resultado es igua, la señora Francisca García de la comunidad del Potrero evidenció su situación; una obra incompleta donde piso y tejaban corrieron por cuenta propia. También hubo fraude.
Son más de 40 mil indígenas Mayo con asentamiento en la región, ellos serían acreedores a programas de vivienda y desarrollo, pro tras dos años de promesas otra vez se les incumplió. Por lo menos en tres municipios predomina la corrupción en los programas.