México reduce a 65 años la edad para recibir pensión
La Cámara de Diputados de México aprobó el día de ayer con una mayoría calificada de 483 votos a favor, un proyecto de decreto que reforma los artículos 4º y 27 de la Constitución Política en materia de bienestar. Esta reforma incluye importantes cambios en las pensiones para personas con discapacidad y adultos mayores.
El artículo 4º establece que tanto la Federación como las entidades federativas garantizarán una pensión no contributiva para las personas con discapacidad permanente menores de 65 años. Además, se menciona que el Estado deberá garantizar la rehabilitación y habilitación de estas personas, priorizando a los menores de 18 años.
Un aspecto significativo de la reforma es la modificación de la edad para recibir la pensión no contributiva para adultos mayores. Ahora, las personas mayores de 65 años tendrán derecho a esta pensión, a diferencia de los 68 años que se establece actualmente en la Constitución. Esto representa un avance en la protección social para este sector de la población.
El dictamen también garantiza que el Estado destinará anualmente los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones, asegurando que el monto asignado no disminuya en términos reales en comparación con el ejercicio fiscal anterior. Esto busca ofrecer seguridad financiera a los beneficiarios de estas pensiones.
En el artículo 27, la reforma garantiza un jornal seguro y justo para los campesinos que cultiven árboles frutales, maderables y especies que requieren procesamiento. Asimismo, se establecerán apoyos directos anuales y fertilizantes gratuitos para pequeños productores, así como un respaldo financiero para pescadores de pequeña escala.
La reforma también incluye la promesa de mantener precios de garantía para productos agrícolas como maíz, frijol, leche, arroz y trigo, lo que beneficiará a los productores nacionales y contribuirá a la seguridad alimentaria en el país.
Como parte del proceso legislativo, se estipula que el Congreso deberá aprobar las leyes necesarias dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto. Las legislaturas estatales también tendrán un plazo similar para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
La diputada María del Carmen Pinete Vargas, presidenta de la Mesa Directiva, destacó que para la discusión en lo particular se presentaron propuestas de modificación al proyecto. La diputada Dolores Padierna Luna subrayó la importancia de esta reforma para garantizar derechos y apoyos esenciales a los grupos más vulnerables de la población.