La seguridad y tranquilidad de los ciudadanos de Navojoa está garantizada, a pesar de que 44 elementos de la Policía Preventiva se encuentran en proceso administrativo debido a la no aprobación de los exámenes del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), aclaró el comisario de Seguridad Pública, Lázaro Ariel Parra Portillo.
"Queremos informar a los navojoenses que la seguridad no está en riesgo. se han realizado ajustes operativos para optimizar la vigilancia y el patrullaje tanto en la ciudad como en las comunidades rurales, manteniendo a Navojoa como uno de los municipios más tranquilos de Sonora", afirmó.
El comisario aclaró que los 44 agentes en cuestión no están dados de baja, sino que se encuentran en suspensión temporal de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora.
Esta suspensión es una medida provisional mientras la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, órgano autónomo encargado de evaluar cada caso, emite su resolución definitiva, en estricto apego a los principios de legalidad y debido proceso.
Añadió que en cuanto a los fundamentos legales, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora establece que el proceso administrativo y las suspensiones son procedimientos regidos por la normativa vigente, y que los elementos de seguridad tienen derecho a presentar su defensa y aportar las pruebas pertinentes ante la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, este órgano, compuesto por funcionarios y ciudadanos, será el encargado de dictaminar sobre el futuro laboral de los agentes.
Asimismo, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la legislación aplicable, aquellos elementos que no hayan aprobado los exámenes de control y confianza no están autorizados para portar armas mientras se resuelve su situación.
Esta medida es tomada en cumplimiento con los requisitos establecidos para garantizar la integridad de la función policial.
Es importante destacar que, en todo momento, se respeta el derecho a la defensa de los agentes involucrados, quienes podrán recurrir a los mecanismos legales que la ley les otorga.