Nueva Reforma traera incrementos en costos de luz

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Los recientes apagones y las crecientes fallas en el sistema eléctrico nacional que están afectando no sólo a las empresas sino a miles de familias, nos obligan a reflexionar si la pretensión de reformar la actual Ley de la Industria Eléctrica no terminará perjudicando a los mexicanos para beneficiar a una sola empresa, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, CFE. 

Tan sólo en estos días, se han perdido más de mil 500 millones de pesos y se afectó al 80 por ciento de las maquiladoras y sus trabajadores, a usuarios y familias completas, a enfermos cuya salud depende de aparatos eléctricos y a pequeños y medianos emprendedores que apenas estaban reactivando sus labores tras la restricciones impuestas por los semáforos epidemiológicos en color rojo. 

Son severos los daños que puede tener la decisión de aprobar esa reforma tal como la envió la Presidencia de la República. El primer efecto pernicioso de aprobarse la iniciativa preferente en sus términos, será un alza en las tarifas. Estas aumentarán 17% y el costo deberá ser pagado por los usuarios o mediante subsidios por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que significa que a final de cuentas serán los mexicanos quienes asuman ese costo, ya sea en el recibo o mediante impuestos. 

El costo total de la energía producida por las plantas de la CFE fue 26% mayor al de la generación de los productores independientes de energía y tuvo el doble del costo obtenido en las Subastas de Largo Plazo. Esto no es lo deseable, ni para el País ni para los ciudadanos. Tanto México como la CFE tienen un déficit de energía "barata" y en el contexto de la crisis económica y sanitaria por la que atraviesa el país. 

Las energías limpias representan una gran oportunidad para que lo público y lo privado demuestren que no son agua y aceite, sino la palanca de desarrollo para la reactivación económica que tanto necesita el país. México necesita seguridad energética y con los recientes apagones en diversos estados del país ha quedado de manifiesto que garantizar un servicio confiable, suficiente y de calidad, requiere de la participación de la inversión privada para coadyuvar en esta meta. A este diagnóstico hay que agregar que, de ser aprobada la reforma, corre el riesgo de ser impugnada legalmente desde el primer día, ya que el Gobierno actual suscribió el T-MEC y no puede ni debe desconocer los compromisos que asumió. 

Consideramos que no se trata de un debate ideológico, sino que se debe poner al centro de la toma de decisiones a los ciudadanos de a pie, quienes no merecen pagar tarifas más altas por un servicio básico cada vez de menor calidad. 

Nos pronunciamos por preservar el Estado de Derecho, generar certidumbre a las empresas de cualquier tipo, incluyendo las de energía, para invertir y velar siempre por el interés mayor, que es el de los mexicanos.