En el Valle del Yaqui se estiman pérdidas de 3 mil millones de pesos en caso de que los agricultores no obtengan una solución inmediata al problema del precio del trigo. Así lo informó el Movimiento Ciudadano por el Agua, quienes este día se sumaron a las exigencias de los productores para que el gobierno federal les presente un plan de acción. También consideran que han sido tratados con indiferencia por parte del gobernador Alfonso Durazo y del presidente Andrés Manuel López Obrador por no haber mantenido reuniones todavía. Expresaron su preocupación sobre que si no se toman medidas ya, el próximo ciclo de siembra sea peor.
Este fue el boletín oficial que emitieron:
Sin el restablecimiento de los precios de garantía, no hay futuro para la producción nacional de granos básicos.
El gobierno federal insiste en señalar que las afectaciones que amenazan a los productores nacionales de trigo y maíz, por la caída en los precios internacionales de dichos granos, es una contingencia. Pero la realidad es que este tipo de problema se presenta con una frecuencia cíclica, que exhibe la falla sistémica asociada a la decisión de los gobiernos que comprometieron al sector primario con una dinámica comercial dominada por corporativos graneleros mundiales que especulan con los granos y con otros bienes físicos. Son instancias que en momentos de crisis, cumplen la sentencia de que "en río revuelto ganancia de pescadores"
La producción nacional de granos básicos, especialmente trigo y maíz, no deben de estar a la "buena o mala suerte" que determinen los mercados. La alimentación de los mexicanos no merece quedar en las bolsas de los especuladores internacionales, que ponderan ganancias sin importar consecuencias.
Es responsabilidad ineludible del gobierno, salir al paso y tomar decisiones emergentes para proteger las cosechas en puerta de trigo y maíz, con los recursos requeridos para compensar los efectos devastadores del remolino que conformó la tormenta perfecta: incrementos exponenciales en los costos de producción con caídas abruptas en los precios. Todo agudizado con la actual inestabilidad financiera internacional y los efectos de la guerra en la Europa del este.
Tan solo el Valle del Yaqui, de no recibir los apoyos emergentes requeridos, estaría registrando pérdidas directas por encima de los tres mil millones de pesos. Un flujo de liquidez que sería sustraído de todo el proceso social-productivo relacionado con la actividad; un golpe que dislocaría la funcionalidad de la capacidad productiva instalada y propiciaría una nueva crisis de cartera vencida, aún peor que la registrada a principios de los años noventa. En la misma situación se encuentran estados como Baja California Norte, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Tamaulipas, que en conjunto representan más del 70 por ciento de la producción de trigo y maíz de todo el país.
Las acciones emergentes demandadas por los productores, se deben de cumplir en los próximos días. No se puede permitir el quebranto, porque le propinaría una herida profunda al sector primario de consecuencias duraderas. Sin embargo, la suerte de la política alimentaria del país no puede continuar sujeta y a expensas de medidas contingentes. Es momento de que se retome la política de precios de garantía para los granos básicos, establecida desde 1934 hasta 1982, periodo en el que México alcanzó autosuficiencia alimentaria en trigo y maíz, y registró tasas de crecimiento del sector agropecuario por encima del 6 por ciento anual.
Restablecer los precios de garantía, exige que estos sean universales. Deben de comprender a todos los productores de granos básicos, no solo a las regiones del autoconsumo. Lo cual implica un replanteamiento de la política alimentaria del país para que todas las potencialidades productivas de las zonas graneleras de México se orienten al mercado nacional y al reposicionamiento de la autosuficiencia alimentaria.